La persistencia de la precarización en la vida callejera después de la deportación en Tijuana. Un análisis durante la contingencia mundial por Covid-19

Segunda época, número 12, julio-diciembre 2021, pp. 15-45.¹

Fecha de recepción: 19 de abril de 2021.
Fecha de aceptación: 09 de julio de 2021.

Autores: Juan Antonio Del Monte Madrigal², Andrea Bautista León³.

Resumen

En este artículo se presenta un análisis de la situación de aquellas personas que viven en situación de calle en la ciudad de Tijuana y cuya vida ha estado marcada por experiencias migratorias hacia Estados Unidos o de retorno forzado desde aquel país. El análisis es parte de un proyecto de investigación comprometida que, a la vez que tomaba acciones concretas para paliar la necesidad de alimentación de quienes viven al día en un contexto de fronteras y políticas migratorias endurecidas y que con el arribo de la pandemia tuvieron muchas dificultades para acceder a ello, también ofrecía la posibilidad de aplicar un cuestionario para conocer la diversidad de características y condiciones en que estas personas vivían durante la pandemia. En este artículo nos enfocamos en las características sociodemográficas, la experiencia migratoria y las condiciones de habitabilidad de esta población, en donde reconocemos que la situación de precariedad de esta población no sólo persiste, sino que se agudizó en los tiempos de pandemia.

Palabras clave: habitantes de calle, deportación, frontera México-Estados Unidos, Tijuana, pandemia.

The persistence of precariousness in street life after deportation in Tijuana. An analysis during the Covid-19 global contingency

Abstract

This paper presents an analysis of the situation of those people who live on the streets of Tijuana and whose lives have been marked by migration experiences to the United States or forced return from that country. The analysis is part of a research-action project which, on the one hand, alleviated the food needs of those who live daily in a context of restrictive borders and migration policies and whom on the face of the arrival of the pandemic, had had difficulties to access quality food. On the other hand, we have the possibility of applying a questionnaire to assess the diversity of characteristics and conditions in which these people lived during the pandemic. In this paper, we focus on the sociodemographic characteristics, the migratory experience and the living conditions of this population, in which we recognize that the precarious situation of this population not only persists, but also worsened during the pandemic.

Keywords: homeless, deportation, U.S.-Mexico Border, Tijuana, pandemic

Introducción

Los confinamientos, aislamientos, encierros y distanciamientos físicos, principales estrategias para lidiar con el advenimiento de la pandemia por Covid-19 por parte del gobierno federal en México —y en la mayor parte del mundo—, son claramente incompatibles con las condiciones de vida de las personas que no tienen una vivienda en dónde refugiarse. La política del quedarse en casa y mantener una sana distancia ha sido imposible de seguir para aquellas personas que no tienen un domicilio y un espacio donde acumular los escasos insumos a los que tenían acceso en su vida pre-pandémica. Aún más, por su propia dinámica diaria, las políticas de confinamiento han agravado las posibilidades de subsistencia de estas personas al encontrarse con una parálisis urbana y una serie de espacios de asistencia en críticas condiciones ante la disminución de las actividades cotidianas.

En este artículo presentaremos un análisis de la situación de aquéllas y aquéllos quienes en un contexto de frontera viven al día y que con el arribo de la pandemia y las medidas para contenerla han experimentado el incremento de sus carencias y vulnerabilidades. El análisis parte de un cuestionario levantado entre habitantes de calle —la mayoría de ellos con experiencia migratoria o de deportación— que fueron beneficiarios de un proyecto de incidencia e investigación durante el periodo de la contingencia de 2020. Para ello, en primera instancia abordaremos las condiciones en que surge este proyecto y daremos paso al contexto fronterizo y de políticas endurecidas de gestión de la movilidad que enmarcan el análisis. Posteriormente, colocaremos el planteamiento teórico procesual y coyuntural desde el cual estamos pensando los procesos de precarización en cuestión. Luego señalaremos la estrategia metodológica llevada a cabo para recopilar la información con relación a los habitantes de calle, para así poder dar pie a exponer los resultados que ofreció el análisis. Concluiremos desarrollando la idea de que estas personas viven en un largo y persistente continuum de precarización que se ha visto agudizado con el advenimiento de la pandemia por Covid-19, reduciendo, así, las posibilidades de certidumbre vital cotidiana. Con ello, esperamos contribuir a la discusión sobre las acciones inmediatas —como la asistencia alimentaria y documentación de las condiciones de vida— pero también a ofrecer insumos para la acción pública y el diseño de programas integrales de atención a estas poblaciones.

Contexto fronterizo y el advenimiento de la pandemia

El análisis de las condiciones de la vida callejera en Tijuana debe enmarcarse necesariamente alrededor del contexto de la dinámica fronteriza que la caracteriza. La dinámica urbana y fronteriza de la ciudad de Tijuana se ha visto directamente afectada por el paulatino endurecimiento de las políticas de gestión de la movilidad humana en Estados Unidos a lo largo del siglo pasado y lo que va del presente.

Tijuana, una ciudad joven fundada apenas a finales del siglo XIX en la esquina más noroccidental de México, es la urbe que durante el siglo XX tuvo la tasa de crecimiento más acelerada en el país, especialmente en la primera mitad del siglo pasado donde de 1950 a 1960 mostró una tasa de crecimiento anual de 9.7 personas por cada 100, mientras que el país crecía a un ritmo de 3.1, tendencia que continuó en la siguiente década con una tasa de 7.5, misma que se desaceleró a un valor cercano al del total del país (3.1) entre 1970 y 1980, para después repuntar entre 1980 y 2000. En la actualidad Tijuana sigue creciendo a un ritmo casi del doble del país con una tasa de 2.1 mientras que el total de la población presentó un valor de 1.2. Esta dinámica de rápido crecimiento ha sido explicada por su estratégica ubicación colindante con California, uno de los estados económicamente más prósperos de la unión americana, y por la creciente población migrante que arribaba a dicha ciudad con el objetivo de llegar al país del norte (Zenteno, 1995).

Grafica 1. Tasa de crecimiento anual. Tijuana y México. 1950-2020

Fuente: elaboración propia con datos de Zenteno (1995); INEGI (Censos de Población y Vivienda años: 2000, 2010, 2020) y CONAPO (2021).

Podemos intuir, a partir de esta dinámica, por qué Tijuana ha sido pensada entonces como una ciudad de paso de migrantes. Sin embargo, en las últimas dos décadas se ha documentado una serie de cambios en los perfiles y trayectorias de las personas migrantes que llegan a esta ciudad, lo que ha invertido la forma de pensarla como una urbe de tránsito a una ciudad de retorno y de asentamiento por periodos largos, en buena parte debido al reforzamiento de las acciones norteamericanas en materia de gestión de la movilidad poblacional.

Si bien los esfuerzos sistemáticos por expulsar personas migrantes de parte del gobierno de Estados Unidos tienen más de un siglo, la máquina de deportación norteamericana ha estado claramente enfocada en población mexicana a lo largo del siglo XX (Goodman, 2020). Esta dinámica ha continuado a lo largo de lo que va del siglo XXI —incorporando una porción cada vez más amplia de población centroamericana— y ha tenido efectos severos en las dinámicas de las ciudades fronterizas del norte de México.

Sin embargo, el cambio de paradigma en el control migratorio y sus efectos en la frontera México-Estados Unidos lo ubicamos, junto con algunos estudiosos de la dinámica fronteriza (Chávez, 2016; Durand, Massey y Zenteno, 2001), a partir del año de 1986, período en que se implementó la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés). Esta ley implicó una de las más amplias revisiones de la ley migratoria en Estados Unidos en décadas y fue la estrategia para regularizar la presencia de alrededor de tres millones de indocumentados que trabajaban en Estados Unidos (Durand, Massey y Zenteno, 2001).

La IRCA fue un paquete de medidas para la regularización de la migración indocumentada y los procesos laborales asociados a ella. A partir de la ejecución de esta ley se regularizó el estatus migratorio de casi la mitad de aquellas personas que no contaban con documentación para su estancia en Estados Unidos. Aunado a dicha formalización también se ejecutaron una serie acciones para reforzar la frontera —se incrementó considerablemente el número de agentes de la patrulla fronteriza—, se instrumentaron recursos para agudizar los procesos de expulsión a través de la famosa figura del ‘alienremoval’, pero sobre todo, esta ley prohibió que los empleadores reclutaran o contrataran extranjeros que no tuvieran autorización para trabajar en Estados Unidos, implementando sanciones para quienes así lo hicieran (García y Griego et al., 1987).

El incremento de la vigilancia por parte de cada vez más elementos de la patrulla fronteriza complicó las posibilidades de cruce de migrantes indocumentados, sin embargo, ello no fue ningún impedimento para que los cruces por vías no autorizadas continuaran llevándose a cabo. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en el año fiscal de 1993 la patrulla fronteriza registró un total de 1,263,490 detenciones. De todas ellas, 97% eran personas mexicanas.

Es alrededor de esta época que el gobierno norteamericano adopta la estrategia conocida como “prevención a través de la disuasión” (prevention-through-deterrance) (Andreas, 2009), que implicó un giro en la securitización de las fronteras norteamericanas: la primera barricada de defensa contra peligros externos debía ser el límite territorial. La frontera, así, se convirtió en el aparato de control que había de ser reforzado para contener la inmigración indocumentada y el contrabando de drogas, entendidos ambos como amenazas del exterior (Nevins, 2002). Con esta estrategia se implementó el patrullaje en los puntos de cruce urbanos fronterizos más concurridos con el objetivo de impedir que los posibles migrantes indocumentados cruzaran de manera informal, y fue puesta en operación a través de una serie de operativos a lo largo de la frontera (Hold the Line en Juárez-El Paso en 1993, Guardián en San Diego-Tijuana en 1994, Salvaguarda en Nogales-Nogales en 1995 y Río Grande en Matamoros-Brownsville en 1997). Y aunque a lo largo de la década de 1990 se incrementó el presupuesto para la vigilancia fronteriza, no se ha demostrado que esta estrategia hiciera mucho por disuadir la migración, sino que más bien su efecto fue la redistribución de los cruces informales al norte por lugares mucho más despoblados, peligrosos y riesgosos (Soto y Martinez, 2018).

En sintonía con esta estrategia, el presidente Clinton promulgó una serie de leyes tales como la Ley Antiterrorista y de Efectiva Aplicación de la Pena de Muerte (AEDPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes (IIRIRA, por sus siglas en inglés), las cuales, en conjunto, establecían una lista de delitos que facilitaban el proceso de deportación de migrantes indocumentados. La IIRIRA, por ejemplo, expandió en 1996 la lista de ofensas que conducían a la deportación e incrementó las penalidades para quienes no fueran ciudadanos y estuvieran irregularmente en Estados Unidos (Coleman, 2007). Estas leyes fueron impulsadas por un cabildo conservador, restriccionista y criminalizante hacia los migrantes que ha tenido una influencia mayor en las decisiones del ejecutivo norteamericano (Holland, 2014). Con la implementación de estas leyes se criminalizó la presencia del migrante irregular, pues se estableció su presencia como un delito del orden federal. Desde ese entonces, no sólo un delito menor podría llevar a la deportación, sino que se otorgaron facilidades para que oficiales de migración iniciaran procesos de expulsión sin derecho a audiencia judicial (Pérez Duperou, 2014).

Sin embargo, la gran redefinición y agudización de las políticas migratorias, de deportación y expulsión sucedieron tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. Con la implementación de la Patriot Act y la posterior Homeland Security Act, la migración se convirtió en un asunto de seguridad nacional y se combatió al narcotráfico, el terrorismo y la migración con los mismos recursos dirigidos por la nueva súper secretaría de Seguridad Interior que unificó una serie de agencias gubernamentales relacionadas con el control de las fronteras (Andreas, 2009; Alarcón y Becerra, 2012).

El cambio sustantivo implicó que este departamento vigilaría y operaría no sólo los límites del territorio sino al interior del mismo, en ciudades no fronterizas, llevando acciones políticas que derivaron en programas que vincularon la aplicación de la ley migratoria y el sistema de justicia, dotando de recursos legales a una serie de agencias y corporaciones para ubicar extranjeros sin documentos y acelerar su proceso de expulsión. En ese sentido hay un franco giro en la estrategia para la contención de las fronteras y las políticas de expulsión: de la prevención a través de la disuasión se pasó a un marco punitivo en las políticas de deportación en Estados Unidos.

En este orden de acciones, en 2011 se implementó la estrategia “sistema de reparto de consecuencias” (Consequence Delivery System) que se enfocaba en los corolarios punitivos que tenían los reingresos indocumentados. Este programa asignaba castigos paulatinamente crecientes a quienes cruzaran la frontera de manera indocumentada y era una manera de implementar penas mayores a quienes cruzaban de nuevo sin autorización (Capps, Hipsman y Meissner, 2017). Como dicen Slack, Martínez y Whiteford (2018) es evidente que este programa no estaba enfocado en disuadir próximos migrantes, sino que su objetivo fue reducir los intentos repetidos de cruce informal, criminalizándolos. Pero la consecuencia más importante que avizoraron estos autores, fue el hecho de que esta estrategia tuvo repercusiones severas para quienes tenían un proyecto de vida amplio en Estados Unidos y fueron deportados pues no tenían nada qué hacer en sus lugares de origen, por el contrario, muchos de ellos se quedaron en ciudades fronterizas esperando intentar de nuevo un reingreso a dicho país. La máquina de deportación, en ese sentido, se alimentó regurgitando migrantes deportables.

La inclemencia en el reforzamiento de las políticas de expulsión tuvo, entonces, consecuencias directas para las ciudades fronterizas mexicanas. Lo que se puede extraer de las estadísticas que han emitido las agencias gubernamentales norteamericanas, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), respecto a la aplicación de la ley y la coerción migratoria, es que a lo largo del presente siglo todo este aparato jurídico-punitivo ha operado en Estados Unidos para deportar en su mayoría a migrantes mexicanos —y en buena medida a personas del triángulo norte de Centroamérica: guatemaltecos, hondureños y salvadoreños—, lo que en última instancia se convierte en uno de los diversos factores por el cual los repatriados por Tijuana devienen en habitantes de calle. Desde hace más de diez años, se cuentan por mayoría la cantidad de personas removidas y retornadas del país del norte que tienen estas nacionalidades. Así, mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, ocupan, por mucho, los primeros cuatro lugares en las listas de deportación del ICE, como puede verse en la siguiente gráfica.

Gráfica 2. Número de personas deportadas (incluye removidos y retornados) de Estados Unidos por año fiscal y por nacionalidad

Fuente: elaboración propia con información de los reportes estadísticos anuales del ICE.

Las ciudades fronterizas del norte de México, a lo largo de las últimas décadas, han atestiguado cambios en las dinámicas migratorias que suceden en ellas, pasando de ser ciudades de paso a ciudades de retorno y asentamientos de deportados provenientes de Estados Unidos. Según datos de la Unidad de Política Migratoria, Tijuana ha sido, junto con Nuevo Laredo, uno de los puntos que más repatriados ha recibido desde dicho país.^[1]

Gráfica 3. Eventos totales de repatriación por punto de recepción

Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (2008-2020).

Ahora bien, es preciso dejar claro que no estamos afirmando que la deportación es la causa de la vida callejera en Tijuana, sino que, en conjunto con otros factores —como rupturas familiares, orígenes precarios, consumo de estupefacientes, periodos de encarcelamiento derivados de reingresos no autorizados, etcétera— se acoplan en un engranaje a través del cual se producen habitantes de calle en la ciudad. Es decir, pensamos que buena parte de ellos tienen una historia de precarización paulatina donde una combinación de factores estructurales —como las políticas de expulsión reforzadas— y factores personales —rupturas familiares, consumo de estupefacientes— los hacen susceptibles a que la deportación sea un factor que los conduzca hacia la situación de calle. Como dice Bourdieu, hay que evitar el reduccionismo que piensa que “un acontecimiento histórico ha determinado un comportamiento, sino que ha tenido ese efecto determinante porque un habitus susceptible de ser afectado por ese acontecimiento le ha conferido esa eficacia” (Bordieu, 1999, p. 196). Si la deportación fuera la causa de la vida callejera, Tijuana estaría sobrepasada en sus calles por más del millón de repatriados que han retornado por sus garitas en los últimos años (UPM, 2006-2020), más bien es la precarización vital relacionada con determinados factores asociados a la migración indocumentada hacia Estados Unidos lo que permitió que el retorno forzado —en un contexto de políticas migratorias híper restrictivas— haya tenido efectos extremos en estas personas que tuvieron como corolario la vida en situación de calle en ciudades fronterizas como Tijuana (Del Monte, 2019).

La vida callejera posterior a la deportación en la ciudad de Tijuana ha estado marcada, desde antes de la pandemia, por un proceso paulatino de precarización en donde factores relacionales, prácticos y subjetivos operan en la degradación de las posibilidades de supervivencia digna de estas personas (Del Monte, 2019b). La relación que los habitantes de calle han establecido con diferentes agentes en la dinámica urbana tiene muchas más consecuencias negativas que positivas, especialmente cuando agentes policiales les detienen arbitraria y violentamente o están expuestos a las argucias de centros de rehabilitación informal o a las atrocidades de grupos del crimen organizado. En el plano práctico estas personas han resuelto su vida a partir de una serie de prácticas informales como la venta de metales, el reciclaje, el lavado de carros, la pepena o incluso la mendicidad. El consumo de estupefacientes se convierte, en ciertas circunstancias, en un factor para combatir la inanición en esa situación. En el ámbito afectivo, estas personas transitan entre sentimientos de vergüenza y soledad como una expresión de la incorporación de las manifestaciones de estigmatización y exclusión en las que viven.

A mediados de marzo de 2020 y ya de lleno en la declaratoria de la Covid-19 como pandemia global por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno estadounidense decretó nuevas medidas de “deportación expedita” para las personas migrantes que intentaran cruzar de manera indocumentada a Estados Unidos bajo el amparo del Título 42 del Código Federal norteamericano que reglamenta lo relacionado con salud pública y seguridad, no del Título 8 que regula todo lo relacionado con ciudadanía y migración. Bajo una lógica de securitización sanitaria y con el argumento de ser una respuesta de emergencia ante la crisis de salud pública, estas medidas han devuelto a más de medio millón de personas migrantes que han intentado cruzar la frontera entre marzo de 2020 y marzo de 2021 (CBP, 2021). Además, desde el inicio del confinamiento, la frontera se cerró para viajes no esenciales de México a Estados Unidos, pero contradictoriamente quedó abierta de norte a sur, lo que permitió que los tribunales de deportación continuaran operando por video conferencia y los migrantes retenidos en Centros de Detención fueran retornados.^[2]

En medio de este contexto y en un momento en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU)^[3] declaraba que el hambre podría matar más que el coronavirus ya que la parálisis comercial generada por El Gran Confinamiento —como la llamó el Fondo Monetario Internacional (FMI)— podría desatar una pandemia alimentaria en países vulnerables y desiguales, un equipo conformado por integrantes de la Universidad Iberoamericana-Tijuana y El Colegio de la Frontera Norte y otras organizaciones de la sociedad civil,^[4] movilizamos esfuerzos para comprometernos con las necesidades de las poblaciones deportadas y callejeras que llevaban años viendo limitadas sus posibilidades de alimentación e higiene, y que durante la pandemia estaban expuestas al riesgo de padecer insuficiencia alimentaria y contagios debido a los múltiples efectos del COVID-19 en la frontera norte de México. Así, desde una idea de investigación comprometida (Van de ven, 2007) desarrollamos un proyecto doble de incidencia e investigación que llamamos coloquialmente “Comida Calientita”.[5]

Enmarcamiento teórico. Pensar histórica y coyunturalmente la precarización

Uno de los primeros puntos que es preciso anotar es que, si bien presentamos un análisis de la información recopilada en la coyuntura específica de la pandemia del año 2020, la interpretación que hacemos de ella no puede estar sino enmarcada en procesos históricos y estructurales más amplios. Es decir, si bien investigamos datos de coyuntura, estamos convencidos de la necesidad de echar luz sobre la confluencia de una diversidad de tensiones (históricas, políticas, estructurales) que crean las condiciones específicas para una formación social en una situación determinada, en este caso, la vida callejera durante la pandemia por Covid-19. En ese sentido, el análisis presentado es tanto procesual como coyuntural. Y si bien parecen ser dos perspectivas contrapuestas, en realidad planteamos que tienen una línea de continuidad.

Por un lado, una perspectiva sociológica al estilo eliasiano (Elias, 1994) implica pensar sobre la idea de “proceso” como una forma de seguir la marcha y los caminos de las formas sociales analizadas, en este caso, que la conformación de la vida callejera en Tijuana no se da por generación espontánea, sino que es parte de una acumulación gradual de condiciones problemáticas y complejas que existían previamente a la pandemia por Covid-19. Dicho de otra manera, aceptamos una invitación a valorar el devenir histórico-temporal como mecanismo explicativo de la dinámica social en cuestión. Esta perspectiva no sólo no se opone a una visión coyuntural, sino que la complementa en tanto asumimos que la coyuntura se constituye a través de la confluencia de muchas historias, situaciones que se asocian en el momento actual para dar forma a la situación de calle en Tijuana.

Las circunstancias que encontramos al momento de levantar la información están sostenidas por fuerzas históricas y estructurales que van más allá del espacio delimitado donde fueron recopiladas, por lo que fue preciso atender qué relaciones particulares se dieron en el momento en que construimos los datos de manera que así pudiera generarse algún tipo de explicación de por qué la vida en las calles de Tijuana tiene las características que pudimos observar. Como diría Stuart Hall, para comprender las fuerzas y condiciones que delinearon las características de un fenómeno, es preciso “[…] ‘volver la cara violentamente hacia las cosas tal y como son’, es lo que se requiere al ‘pensar coyunturalmente’” (Hall 2007, p. 280).[6] De esta manera, el análisis que presentamos es tanto procesual como coyuntural. Con esto queremos evadir lógicas reduccionistas, unicausales e individualistas en torno a la explicación de la situación de estas personas.

Dar cuenta conceptualmente del fenómeno de habitar las calles de una ciudad es una situación compleja principalmente por dos razones: 1) no hay un consenso teórico-conceptual convenido ampliamente, 2) el fenómeno no se da de la misma manera en los distintos lugares. Uno de los primeros problemas por los que no se tiene una definición unificada proviene del hecho de que buena parte de la larga trayectoria de estudios sobre vida en la calle ha estado basada en definiciones “administrativas” que en su mayoría están orientadas a elaborar políticas asistencialistas. Por supuesto, está la escuela anglosajona de los estudios del “homelessness” (sin-hogar), aunque al interior de esas discusiones no hay un acuerdo por la definición de “hogar” (Somerville, 2013). Desde América Latina, se ha consolidado una escuela de trabajo ensayístico-analítico alrededor de la idea de vida callejera donde se ha intentado ajustar la propuesta teórica al contexto de análisis (Makowski, 2010; Hecht, 2000; Reguillo; 1991; Cunha et al., 2019). Estos esfuerzos, apuntan a la otra gran complejidad: el fenómeno de la vida en la calle no puede tratarse conceptualmente como si sucediera de la misma manera en todas las geografías, por ello es preciso pensarlo desde su desarrollo particular (De Verteuil et al., 2009).

En ese sentido, aquí asumimos la idea de precarización como un proceso y no como una dinámica cerrada y fija. Las discusiones en torno a la precariedad a lo largo del siglo XX estuvieron ampliamente vinculadas con la discusión en torno a la flexibilización de los mercados laborales en una era globalizada. Pero también con las posibilidades coartadas de movilidad social que ello planteaba ante el decaimiento de los regímenes de bienestar y el ascenso de un sistema neoliberal de gobernanza, lo que devino en una falta de certidumbre en torno a la seguridad social que ofrecía el empleo (Castel, 1997; Bourdieu, 2000; Beck, 2007; Standing, 2011). Nosotros trabajamos desde un concepto de precarización en sentido amplio e impulsado por fenómenos —asociados al neoliberalismo— como la violencia y la devastación ambiental. Una idea de precarización vinculada a los procesos de incertidumbre vital y ontológica en los riesgos y contingencias contemporáneas (Han, 2018).

El concepto de precariedad puede ser trasladado a otros ámbitos existenciales pues, de acuerdo con Neilson y Rossiter (2005), la precariedad planteada desde lo laboral es insuficiente para dar cuenta de estados de incertidumbre más profundos en torno a los temores, terrores, agresiones, sufrimientos y violencias que han caracterizado los largos conflictos del mundo en el siglo XXI. Una concepción de la precariedad de esta manera, coincide con lo que Butler denomina precaridad como una condición estimulada políticamente en donde se enmarca el reconocimiento de vida de aquellas personas que no han sido privilegiadas por el sistema desde un punto de vista peyorativo e infravalorado y, por lo tanto, están en condiciones de vulnerabilidad e incertidumbre extremas. “La precaridad designa esa condición políticamente inducida en que ciertas poblaciones adolecen de falta de redes de apoyo sociales y económicas y están diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte” (Butler, 2010, p. 46).

Puesta de esta manera, la precarización implica algo más que analizar la idea de puestos de trabajo inseguros en un mercado laboral globalizado, más bien implica un esfuerzo mayor para valorar si las condiciones sociales para la persistencia y prosperidad de una vida son o no posibles. Como dice Isabel Lorey, la precarización es “más que una cobertura social insuficiente dependiente del trabajo asalariado. En tanto que incertidumbre y exposición al peligro, abarca la totalidad de la existencia, los cuerpos, los modos de subjetivación. Es amenaza y constricción, al mismo tiempo que abre nuevas posibilidades de vida y trabajo. La precarización significa vivir con lo imprevisible, con la contingencia” (Lorey, 2016, p. 17).

Dicho lo anterior, aquí asumimos que ser habitante de calle después de la deportación durante la pandemia es vivir con incertidumbre en la totalidad de la existencia debido a la concurrencia de complejidades históricas y coyunturales, estructurales e individuales, que confluyen en la dinámica que observamos. Esa incertidumbre, por lo tanto, está alimentada tanto por el paulatino endurecimiento de las políticas de gestión de la movilidad en ambos espacios nacionales, como por representaciones deshumanizantes a las que están expuestos (Albicker y Velasco, 2016).

Estrategia metodológica

En un principio, esta investigación emerge como un intento de hacer investigación cualitativa de la mano del proyecto de asistencia alimentaria a poblaciones callejeras. Sin embargo, pensamos que, dada la imposibilidad de hacer observación participante debido a la necesidad de cumplir con los protocolos sanitarios, lo mejor era intentar hacer la investigación como un producto paralelo a las acciones de incidencia. Así podríamos darle centralidad al objetivo general del proyecto: asistir con la provisión de alimentos a poblaciones callejeras y deportadas en un contexto de contingencia mundial y al mismo tiempo recuperar información clave sobre esta población que enfrenta estas situaciones extremas de precariedad y que cuentan con una importante historia de migración y deportación.

Siguiendo lo planteado y considerando las críticas condiciones en que encontramos a los habitantes de calle, intentamos evitar eso que se ha llamado “extractivismo académico” y que consiste en extraer información en las comunidades de estudio sin generar a cambio ningún beneficio. Lo que había detrás de este proceso de reflexividad era un señalamiento directo a la responsabilidad social de la investigación científica. Responsabilidad implica entonces no sólo la consistencia metodológica entre técnicas, datos, interpretación y teoría —que sería parte de la responsabilidad científica—, sino un compromiso con el contenido de aquello analizado y la construcción de una investigación que a su vez genere formas de incidencia sobre lo social.

Sin embargo, los retos aún eran grandes debido a que estudiar a la población que vive en situación de calle implica un desafío en términos metodológicos porque no se conoce de manera puntual cuál es el universo de ésta, y tener un acercamiento por el nivel de dispersión geográfica incrementa el grado de dificultad. Además, durante el inicio de la pandemia en 2020 se sumó el tener que proveer de medidas sanitarias tanto a las personas entrevistadas como a quienes realizaron las entrevistas.

Bajo estas consideraciones, durante la implementación del proyecto “Comida Calientita” se capacitó a una serie de personas que con cubrebocas y caretas levantaron la información en los lugares donde se proveyeron los alimentos, quienes lograron aplicar 87 cuestionarios completos a las personas beneficiarias. El instrumento de captación se diseñó de tal manera que se cubrieran tres temáticas principales con subtemas específicos. Consideramos que con el número de cuestionarios completos se tiene información suficiente y de buena calidad para la realización de un estudio de tipo descriptivo. Sin embargo, no se puede hablar de una representación generalizada de la población en situación de calle porque para ello se necesitaría otro tipo de diseño y emplear muchos más recursos económicos y humanos.

Figura 1. Temáticas exploradas en el cuestionario

Fuente: elaboración propia.

Sobre las temáticas que se plantearon, como lo indica la Figura 1, recuperamos información sobre los perfiles sociodemográficos de las y los entrevistados; sus experiencias vitales que tienen que ver con la historia migratoria y la vida en calle; y les preguntamos sobre sus condiciones de subsistencia relacionadas con las condiciones de salud y el acceso y calidad de alimentos. En su conjunto, esta información permitió delinear acciones que lleven a procurar el bienestar de la población callejera en la ciudad de Tijuana y en este texto nos enfocamos en el análisis de las dos primeras.

Resultados

Hay una serie de trabajos llevados a cabo en los últimos años que asocian lateralmente determinados procesos de marginalidad con los corolarios de exclusión que engendra el aparato fronterizo. Así, algunas perspectivas que se asocian a la vida callejera están vinculadas al estudio de las movilidades (Velasco y Albicker, 2013; Alarcón y Becerra, 2012; Odgers y Campos, 2014), a la violencia y seguridad (Contreras, 2016), al consumo de estupefacientes y salud pública (Pollini, Brouwer et al., 2008; Philbin et al., 2008; Medrano, 2010), y a la pobreza urbana (Alegría y Ordoñez, 2005). A pesar de la diversidad de planteamientos, todos ellos destacan los efectos excluyentes de la frontera como catalizadores de esta problemática en la ciudad.

De esta serie de trabajos, hay un par que se enfocan decididamente en la vinculación del endurecimiento del aparato político fronterizo, los procesos de deportación y la vida callejera (Velasco y Albicker, 2013; Albicker y Velasco, 2016). Estos informes, basados en un censo levantado en el año de 2013 en la zona conocida como El Bordo, estimaron que alrededor de mil personas vivían en dicho espacio y la mayoría tenía experiencia migratoria donde la deportación era la situación compartida por más de 90% de esta población. El 96% eran hombres y de ellos 67% tenían hijos en Estados Unidos, además 72% no contaba con documentos de identidad. Dos terceras partes eran consumidores activos de drogas, viviendo en condiciones de salubridad deplorables y su subsistencia dependía de algunas organizaciones de la sociedad civil que los proveían de alimentos una vez al día. Las actividades informales permeaban sus intentos laborales. Además, se registró un constante acoso por parte de la policía municipal en donde más de 50% reportaron agresiones físicas y verbales y se documentaron procesos de estigmatización social y de abandono estatal.

Estos últimos datos son los que se corroboraron en mayor o menor medida a partir de los hallazgos de este proyecto. Como veremos a continuación, casi 90% de las personas que contestaron el cuestionario cruzó a Estados Unidos y vivió en promedio 15 años en aquel país.[7]

Características sociodemográficas

Cómo indicamos anteriormente, uno de los principales problemas para estudiar la situación de personas que viven en la calle en México es la falta de datos porque no se cuenta en la actualidad con un método robusto ni de producción de estadísticas a nivel nacional ni local que identifique a quienes no tienen una vivienda puesto que ésta ha sido usada como elemento esencial para el marco muestral. Por otra parte, identificamos esfuerzos como el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que en 2019 reportó información sobre la población que habita en la calle y sus características en contextos locales como la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Acapulco, pero en su texto explícitamente menciona que no ha sido posible tener información sobre Tijuana (CNDH, 2019).

Entre sus resultados, el reporte de la CNDH identificó que la población callejera está principalmente compuesta por hombres y que en las ciudades estudiadas oscila su porcentaje entre 60% y 80%, por lo cual las mujeres son una minoría. En sintonía con estos resultados, el total de cuestionarios que se aplicaron con el proyecto “Comida Calientita” se compone por 89.7% hombres y sólo 10.3% mujeres. Estas evidencias sobre la composición por sexo señalan algo poco discutido con una perspectiva de género: que la conformación de la vida callejera es predominantemente masculina. Lo cual conlleva a no profundizar en las explicaciones de esta situación o, peor aún, dejan de plantearse preguntas importantes que lleven a la formulación de soluciones efectivas. En este trabajo proponemos que vivir en situación de calle corresponde a un problema de género que juega un efecto importante en las formas de devenir y sobrevivir por debajo de la línea de indigencia para ambos sexos. Encontramos por un lado que se da una invisibilización de las mujeres y sus necesidades en los espacios de vida callejera y, por otro, que la violencia machista al interior de dichos espacios se manifiesta en la vergüenza por fracasar ante el mandato masculinista del hombre proveedor, y que ambos son aspectos que operan en la vida callejera de Tijuana, y que forman parte de una estructura patriarcal más amplia que se entrelaza con otros sistemas de opresión y desigualdad desfavoreciendo a los hombres deportados que carecen de recursos y redes, condenándolos a experiencias de gran precariedad como es no tener una vivienda digna.

Siguiendo con las características demográficas, se resalta la edad de esta población. En los cuestionarios levantados encontramos que la edad mínima fue de 23 años y la máxima de 66, con un promedio de 45.8 años. Lo cual indica que se trata de una población adulta que, bajo una perspectiva de curso de vida (Elder, 1998), ha estado expuesta a diferentes eventos como uniones conyugales, separaciones, a tener hijos(as), a experimentar migración interna, internacional, etcétera. Los datos indican que 47.1% de las personas entrevistadas habían estado alguna vez unidas, pero al momento de llenar el cuestionario estaban separadas o divorciadas; seguidas de aquellas personas solteras 37.9%, y menos de una décima parte mencionó estar actualmente unida o casada (9.2%). Lo anterior revela que en buena medida esta población ha sufrido alguna ruptura de pareja que podría pensarse como un factor más que abona a la erosión de sus relaciones interpersonales acumulando vulnerabilidades e incrementando sus condiciones precarias para el devenir habitante de calle. Por otra parte, 81.6% dijo tener hijos(as) aunque no necesariamente haya una interacción cercana o viva con ellos(as). Resalta que, dentro de este porcentaje, se encontró que todas las mujeres que contestaron el cuestionario declararon ser madres, lo cual abre una arista para investigaciones futuras sobre las condiciones en las que pueden ejercer o no su maternidad bajo condiciones tan adversas. Asimismo, esto nos habla otra vez de vínculos rotos y de biografías que se unen y separan de la población en situación de calle. Por ejemplo, respecto a la relación con familiares, 48.3% de las personas entrevistadas reportaron mantener contacto con alguien de su familia y destaca que, de este universo, 54.8% mencionó que su familia se encontraba en Estados Unidos. Esto sugiere que son personas que seguramente sufrieron un proceso de deportación durante el contexto de endurecimiento de las políticas migratorias, lo que ha impactado en sus proyectos de vida y familiares y devenido en un catalizador más para habitar las calles de Tijuana

Con una situación de vínculos frágiles por parte de las familias de esta población y en una situación vulnerable que lleva a habitar las calles, es que esta población se enfrentó ante la crisis sanitaria en 2020 a causa de la pandemia por Covid-19 que planteó nuevos retos para los gobiernos y la sociedad en general en torno a la contención de la propagación del virus SARS-COV-2. En México, se implementó la denominada Jornada Nacional de Sana Distancia del 23 de marzo al 30 de mayo del 2020, la cual consistió en la suspensión de actividades consideradas como no esenciales de manera presencial para dar paso —cuando fuera posible— a una transición al trabajo virtual. Al término de ésta se estableció por entidad un semáforo epidemiológico donde se propondrían semanalmente niveles de regreso a la normalidad con la apertura de algunos centros de trabajo y servicios. Sin embargo, en el caso de Baja California se registró de manera consistente un estado de alerta por el alto número de contagios al finalizar dicha jornada.

La frase que se tornó estandarte oficial para que todas y todos los mexicanos pudiéramos ayudar a combatir la pandemia fue “Quédate en Casa”. Sin embargo, una instrucción así era francamente imposible de seguir para una población cuya característica central es la carencia de vivienda en la cual confinarse y resguardarse. Esta población históricamente invisibilizada no fue tomada en cuenta en los planes de acción que emergieron para contener la expansión de la enfermedad, ni en relación a la provisión de un lugar donde refugiarse ni en el acceso a una alimentación apropiada. Desde las primeras semanas de la contingencia, organizaciones de la sociedad civil hicieron notar que la población callejera, dependiente tanto de asociaciones caritativas como de la economía informal para su subsistencia cotidiana, estaba siendo la gran olvidada de esta crisis (Del Monte y Bautista, 2021). En definitiva, la vulnerabilidad de la población en situación de calle incrementó al no contar con un lugar seguro y permanente donde confinarse y así evitar la exposición al virus.

Tomando en cuenta esta situación se le pregunto a las personas beneficiarias del proyecto por los espacios donde suelen pernoctar. Los resultados se muestran en términos de proporción en la gráfica 4. En primer lugar, 35.6% las personas entrevistadas mencionaron habitar en un Ñongo/Yongo, pequeños refugios autoconstruidos con material reciclado que proveen un precario nivel de protección ante las condiciones climáticas de frio y lluvia. Los Yongos se instalan en cualquier ladera, hoyo, bajo puente o cañada que permita erigirlos. En segundo lugar (27.6%) fueron mencionados los refugios en edificios los cuales consisten en habitar los espacios que los bancos destinan a los cajeros automáticos, los portales de las plazas o las marquesinas de los edificios. En una proporción importante (11.5%) se mencionó a los puentes y otros lugares (con 12.6%). Cuando indagamos sobre ello, las personas entrevistadas identificaron que duermen sobre un cartón en el suelo tapados con alguna cobija, en algún cuarto de la zona norte y, cuando consiguen algún recurso, en albergues para población vulnerable.

Gráfica 4. Lugares de refugio y porcentaje

Fuente: elaboración propia.

La precariedad en los lugares de refugio que se refleja en estos datos es signo de que, ante las condiciones especiales que la contingencia mundial ha supuesto, esta población no ha recibido atención especial que pueda mejorar su situación. Es decir, no sólo se reproduce el sistemático olvido de estas personas y las condiciones de precariedad en que se encontraban, sino que la pandemia ha agudizado la vulnerabilidad que vivir en estos espacios implica.

Por otra parte, las características de escolaridad de esta población retratan de manera indirecta las condiciones socioeconómicas que tuvieron en la infancia y juventud. Resalta que 44.8% de las personas dijo tener estudios incompletos o completos de bachillerato o más, lo que incluye la respuesta de 3 personas que dijeron haber estudiado por lo menos un año en la universidad. También aquí podemos identificar a 20.7% con una educación media completa, lo cual llama a pensar en los problemas para acceder a un empleo donde se les pueda reconocer estos estudios o bien a la falta de documentos que los acrediten tras un proceso de deportación. Por otra parte, 37.9% dijo haber estudiado la secundaria y en menor proporción encontramos a quienes dijeron tener primaria o menos (14.9%).

Gráfica 5. Nivel de escolaridad de las personas entrevistadas

Fuente: elaboración propia.

Otra arista importante para explorar es el acceso y tipo de trabajo que tienen las personas en situación de calle. Específicamente, con respecto a la pregunta sobre su ocupación antes de vivir en la calle, resalta que la proporción más alta de esta población se dedicaba a la construcción (36.8%), la cual incluye trabajos de albañilería o plomería, seguida del trabajo en restaurante y operador de maquinaria industrial (ambas con una proporción de 10.3%). Es notable que entre las personas entrevistadas se encontraron 13 diferentes ocupaciones a las que se dedicaban con anterioridad, lo que contrastó con la reducción en la diversidad de ocupaciones en el momento actual de habitar las calles. Ello no quiere decir que son personas inactivas en el presente, al contrario, estas personas declararon multi-actividad como estrategia de sobrevivencia, es decir, se dedican en su mayoría a la pepena (chacharear) y a vender fierro, pero también lavan carros, trabajan en los mercados o en cualquier trabajo informal. Incluso pedir dinero o el trabajo sexual también fueron mencionados como una actividad para obtener recursos monetarios. Por lo anterior, encontramos que las actividades para obtener recursos se dan en condiciones de informalidad, precariedad y resultan peligrosas para la salud de estas personas.

Gráfica 6. Ocupaciones antes de vivir en calle

Nota: El tamaño de los cuadros representa su importancia en la distribución porcentual de las ocupaciones

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 7. Ocupación viviendo en calle

Nota: El tamaño de los cuadros representa su importancia en la distribución porcentual de las ocupaciones

Fuente: elaboración propia.

Acerca del lugar de procedencia de las personas en situación de calle, hay que establecer que el municipio de Tijuana tiene entre sus principales características que una buena parte de sus habitantes nació en otra entidad o país y que el crecimiento de la ciudad se ha dado de manera acelerada por un proceso de migración interna. Según datos del censo de población y vivienda 2020, había 1.9 millones de habitantes en la ciudad, de los cuales 49.7% nació fuera de Baja California, esto es más del doble de la tendencia a nivel nacional donde sólo 18.5% de los y las mexicanas declararon vivir en una entidad distinta a la de su lugar de nacimiento (INEGI, 2021). Lo anterior, confirma una condición especial en esta ciudad en cuanto a la presencia importante de migrantes.

Ahora bien, entre las personas entrevistadas identificamos que 95.4% nacieron en México, 3.4% en Estados Unidos y 1.1% en Honduras. Entre la población que nació dentro del territorio nacional, 90.4% nació en otra entidad y hallamos que provienen de 22 estados, de donde resaltan por ser mayoría quienes declaran haber nacido en Michoacán (14.5%) seguidos de quienes nacieron en Baja California (9.6%) y Jalisco (8.4%), estados con una tradición migratoria importante. En general, estos resultados retratan la diversidad de los lugares de origen de las personas que habitan las calles de Tijuana y que se corresponde con la dinámica de la ciudad.

Una dimensión que debe ser explorada cuando se analiza a las personas en situación de calle es la tenencia de documentos de identidad. En México, a diferencia de otros contextos como el estadounidense es necesario tener una identificación expedida por alguna autoridad para acceder a servicios y poder ejercer derechos. Entre la población que vive en la calle tener y mantener un documento de identidad se complica también ante la movilidad constante. Lo que encontramos entre las personas entrevistadas es que menos de la mitad sí cuentan con algún tipo de documento de identidad (46%) mientras que la mayoría no lo tiene. Ahora bien, entre quienes sí tienen documentos resalta la tenencia sólo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con 41%, seguida de la credencial para votar (33%), en tercer lugar, el acta de nacimiento fue mencionada por 19% y otro documento de identidad mencionado fue la licencia para conducir expedida por una autoridad de los Estados Unidos en 7% de los casos. Este es un punto crucial que debe mirarse con vistas a resolverse para que puedan ser identificadas y tratadas de manera adecuada las personas en situación de calle.

Gráfica 8. Documentos de identidad

Fuente: elaboración propia.

Experiencia migratoria

Hemos mencionado anteriormente que el endurecimiento de la política migratoria y el reforzamiento del aparato fronterizo han operado como una dimensión estructural para la deportación de migrantes mexicanos y del triángulo norte de Centroamérica. En ese sentido, se han convertido en unos de los factores más potentes que influyen en la precarización del curso de vida de los habitantes de calle y que ha hecho que Tijuana pueda ser considerada ya no una ciudad de paso a Estados Unidos, sino una ciudad que recibe retornados de dicho país.

Así, una de las condiciones que consideramos especiales entre los habitantes de las calles de Tijuana es que muchos de ellos son personas que han vivido en Estados Unidos y han experimentado un evento de deportación. En nuestros cuestionarios, encontramos que, entre las personas entrevistadas, 89.7% ha cruzado alguna vez al país del norte. Cuando se les preguntó específicamente sobre su último cruce y el uso o no de documentos, se identificó que 93.2% migró de manera irregular sin ningún documento o permiso de las autoridades estadounidenses.

El promedio de años viviendo en Estados Unidos fue de 15 años, el mínimo fue de 3 meses y el tiempo máximo de 45 años. El 64.4% de las personas mencionó que había vivido en California, y permanecer ahora en Tijuana les permitía estar cerca del lugar de residencia anterior, pues en su lugar de origen ya no tienen nada que hacer, como lo han demostrado otras investigaciones que han hecho trabajo con población de características similares en Tijuana (Odgers y Campos, 2014).

Siguiendo sobre las características de migración, indagamos sobre experiencias de deportación. Entre las personas que contestaron el cuestionario, 38% declaró que la última vez que regreso de Estados Unidos lo hizo bajo la condición de deportado (lo que se conoce como “removidos”) y 9% firmó una salida voluntaria (los conocidos como “retornados”), las cuales son figuras de “devolución de las autoridades”; por otra parte, 53% de quienes regresaron no pasaron por ninguno de estos procesos y han preferido regresar por su propia cuenta ante el avasallamiento del sistema punitivo migratorio.

Gráfica 9. La última vez que regresó a México desde Estados Unidos usted firmó…

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, cuando les preguntamos sobre haber sufrido una detención por el parte del ICE, se corroboró que más de la mitad de la población callejera de Tijuana ha pasado por el aparato punitivo fronterizo ya que 56.4% fue en algún momento detenido por la autoridad del ICE. Esta situación, sobre todo en las últimas dos décadas de endurecimiento de la ley migratoria tiene consecuencias severas si hay un intento de volver a entrar a Estados Unidos pues la re-entrada indocumentada es un crimen federal que se paga con varios meses, incluso años, de cárcel. Una situación, que según comentaron algunas personas durante conversaciones informales al momento de levantar este cuestionario, los ha disuadido de intentar internarse de nuevo en el país vecino.

Conclusiones

Los problemas de la precarización de la vida callejera en Tijuana después de la deportación son un producto relacional, histórico y situacional de las tensiones entre el sistema que las genera y las acciones que las personas habitantes de calle llevan a cabo para lidiar con esta situación en una serie de contextos cambiantes, en el caso de este análisis, un escenario de confinamiento pandémico. El proceso de deportación se coloca como uno de los factores que más influencia tienen en el devenir un habitante de calle siempre y cuando esté en interacción con otros factores de precarización como son el endurecimiento de la política migratoria, el advenimiento de una pandemia global, la ruptura de vínculos familiares, el consumo de estupefacientes o el involucramiento en actividades ilícitas, estas últimas cuestiones que han sido estudiadas en otro espacio (Del Monte, 2019b). En ese sentido, lo que aquí enfatizamos es que, desde una visión procesual, la deportación se suma al engranaje de precarización compuesto por diversos factores que se han ido acumulando paulatinamente a lo largo de la vida de estas personas pero que, desde una visión coyuntural y precisamente por ese proceso de acumulación de precarizaciones, entendemos que estas personas son sumamente susceptibles a que ese acto de retorno forzado les marque un camino claro hacia la vida callejera.

Una de las conclusiones que podemos extraer del análisis presentado a lo largo de este artículo es que las condiciones precarias que encontramos fueron una continuación y agudización de las condiciones vulnerables en las que estas personas se encontraban antes. Es decir, hay una persistencia de los procesos de precarización en los que estas personas han estado y están involucradas. La pandemia sólo ha venido a colocar condiciones mucho más agravantes para el mantenimiento digno de la vida en tanto ha modificado la dinámica urbana, los flujos fronterizos, la gestión de las movilidades y los procedimientos de asistencia con los cuales estas personas lograban subsistir al día. Aquellos procesos de precarización anteriores están directamente vinculados al endurecimiento de la política migratoria y al reforzamiento del aparato fronterizo que aquí hemos abordado ampliamente, el cual se ha visto agravado con el cierre parcial de la frontera como medida de contención del virus y los efectos extremos que ello ha generado.

Uno de los ejemplos que retrata el proceso de precarización es el relativo a la desvinculación entre la credencial educativa y el empleo que, si bien para la población en general es complicado insertarse al mercado laboral que tiene una alta tasa de informalidad y bajos salario, para la población a la que se le aplicó el cuestionario es inexistente por lo que, a pesar de que un quinto de ésta declaró tener educación media completa, esto no se refleja en un empleo mínimamente digno, mucho menos en las condiciones pandémicas que enfrentó la economía global. Además, sobresale el hecho de que la condición de calle en la experiencia vital de las personas precariza las oportunidades laborales, reduciéndolas en número, como arrojaron nuestros resultados, pero también orillándolos a posiciones más peligrosas. Lo anterior alimenta el circulo vicioso de exclusión del cual es muy difícil que estas personas salgan para insertarse en un empleo digno, no por la falta de entrenamiento en alguna institución educativa o por carecer de experiencia laboral, ya que, como vimos, la mayoría de estas personas se dedicaban a un oficio antes de estar habitando las calles, sino por estar inmersos en un proceso de precarización que va enraizándose día con día.

Por otra parte, en un contexto de pandemia donde hubo a lo largo de 2020 una reducción de casi 12 millones de la población económicamente activa durante algunos meses (INEGI, 2020), se disminuyen las ya pocas posibilidades de encontrar un medio de subsistencia, ya que la población estudiada depende mucho de la dinámica urbana (lavado de autos, pepena, etcétera) para allegarse de recursos y poder obtener lo mínimo para sobrevivir. Además, ante la contingencia sanitaria mundial, el reto no sólo se restringió a encontrar comida, sino espacios para mantener una higiene mínima y evitar el posible contagio y contener la propagación del virus SARS-COV-2.

A pesar de ello, podemos también visibilizar una serie de dinámicas donde se pueden observar aspectos de agencia en las comunidades callejeras frente al avasallamiento de las condiciones precarias. Las personas que habitan las calles en Tijuana y han pasado por procesos de retorno forzado de Estados Unidos, cargan con una serie de estigmas, vinculados con la holgazanería y la criminalización, que colocan a su falta de actividad productiva como la única responsable de su situación (Albicker y Velasco, 2016). Sin embargo, por los datos recopilados podemos corroborar que, dentro de sus posibilidades, estas personas están buscando cómo ganarse la vida. Ganarse la vida en las calles de Tijuana está relacionado con una serie de prácticas informales que se llevan a cabo en la situación de calle, pero que no necesariamente son reconocidas como prácticas legítimas desde el orden productivo social. Así, las actividades de subsistencia de estas personas se llevan a cabo en medio de un entorno que estigmatiza sus prácticas sin sopesar que los esfuerzos activos que llevan a cabo se dan en un marco de agencia orientado temporalmente al día a día y no necesariamente a un futuro, debido a las condiciones precarias de vida.

Como mencionamos al principio de este trabajo, la intención de la investigación ha involucrado no sólo el aspecto académico sino también una dimensión de incidencia en la vida de la población que habita en las calles, por lo que también interesaba sentar las bases para acciones puntuales que sean detonadoras de la mejora de su situación. Ante los resultados obtenidos, identificamos la apremiante necesidad de llevar a cabo un registro estadístico, sistemático y consistente a nivel nacional y local sobre la población en situación de calle; también la necesidad de promover la documentación de esta población con el fin de que tengan posibilidades de acceder a programas sociales de atención a poblaciones vulnerables de manera oportuna y sin trabas burocráticas; con la llegada de vacunas al país se necesita implementar de manera prioritaria una campaña de vacunación contra la Covid-19 en estas poblaciones; encontramos que es necesario desarrollar programas de rehabilitación con atención especial a las características de la población en situación de calle para que puedan vincularlas con el empleo digno; así como la necesidad de proveer de atención médica regular. Con estas acciones pensamos que se podría iniciar el proceso de ruptura de la precaria situación en la que han estado por muchos años inmersos las y los habitantes de las calles de Tijuana sin dejar de notar que la precarización es producto de una suma de desventajas que se enmarcan en una estructura de políticas migratorias criminalizantes y de desigualdades sociales profundas en México.

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[1] A ello debe sumársele las personas migrantes que están solicitando protección internacional provenientes de Centroamérica, el Caribe y algunos países africanos.

[2] Estos Centros, como lo señaló Amnistía Internacional (2020), fueron un foco de infección y de diseminación de la COVID-19.

[3] CNN (2020), ONU: El hambre podría matar a más personas que el coronavirus. Consultado el 30 de enero de 2020 en: https://cnnespanol.cnn.com/video/onu-hambre-programa-mundial-alimentos-coronavirus-covid-19-pandemia-perspectivas-mexico-vo/.

[4] Organizados por Ximena Jasso, Coordinadora de Arte y Cultura de la Universidad Iberoamericana-Tijuana y por Juan Antonio del Monte. Agradecemos a la Casa del Deportado “Sagrado Corazón” y al Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana-Ciudad de México por coadyuvar esfuerzos en este proyecto. Igualmente hacemos patente el agradecimiento a las organizaciones y personas que se unieron a este proyecto: Distribuidora Zamora, Innova Dental, Menstruación Digna México, Banco de Alimentos de Tijuana (BANATI), ERABOY, Familia Rivera, Familia Del Río.

[5] El nombre está inspirado en las acciones de asistencia alimentaria llevó a cabo la activista local Esther Morales. En el aspecto de incidencia, Comida Calientita consistió en generar acciones semanales y/o quincenales en los meses que corren de julio a diciembre del 2020 en espacios concurridos por estas personas. Ahí, pusimos a disposición de poblaciones callejeras y deportadas un plato de alimentos con sus guarniciones, preparados por chefs locales que contribuyeron con el proyecto. Además, atendiendo a las recomendaciones sanitarias de las autoridades, se puso a disposición de los beneficiarios una serie de lavamanos portátiles donde pudieron limpiarse las manos y pasaron a la aplicación de alcohol en forma de gel, formados en una fila con sana distancia.

[6] Las traducciones de textos originales en otro idioma fueron realizadas por los propios autores del artículo.

[7] Aunque el presente texto no se enfoca en el análisis de las condiciones de salud y asistencia, tres de cada cuatro personas que contestaron el cuestionario reportaron ser consumidores de algún estupefaciente; los participantes declararon comer una o dos veces al día en su mayoría, dependiendo ampliamente de las organizaciones de la sociedad civil para ello.

Un informe con resultados preliminares de este estudio fue publicado de manera digital en https://observatoriocolef.org/comidacalientita/.
Mexicano. Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México (EL COLMEX), México. Actualmente es Profesor-investigador en el Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), México. Líneas de investigación: precarización, desigualdades y movilidades migratorias; identidades urbanas, antropología visual y culturas fronterizas. Contacto: jadelmonte@colef.mx.
Mexicana. Doctora en Demografía Aplicada por la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), Estados Unidos. Actualmente es Colaboradora-Investigadora en la Universidad La Salle-México (LA SALLE), México. Líneas de investigación: procesos de Integración de Poblaciones Migrantes, Migración de Retorno y Transiciones Escuela-Trabajo. Contacto: andrea.bautista@lasalle.mx.