Presentación / Número 10

Primera época, número 10, julio-diciembre 2020, pp. 9-22.

En diciembre de 2019, en Wuhan, provincia de Hubei, China, surgió una nueva enfermedad respiratoria infecciosa, la COVID-19, que en cuestión de pocos meses pasaría a convertirse en una pandemia, cobrándose, hasta la fecha, más de medio millón de vidas. Con el fin de controlar la rápida expansión de la enfermedad  y de mitigar su impacto en las sociedades, los sistemas de salud y las economías, los gobiernos a nivel mundial han adoptado una serie de prácticas preventivas como el distanciamiento social, el cese temporal de ciertas actividades económicas, la limitación de la movilidad, el uso de mascarillas protectoras o medidas de higiene especiales. Aunque estas medidas están destinadas a proteger la salud física y los sistemas de salud, sus “efectos secundarios” no han tardado en hacerse notar en el bienestar de las personas, sobre todo en aquéllas con escasos recursos económicos. Esto no sólo ha dificultado el control de la pandemia, sino que también ha  generado un aumento de la pobreza y las desigualdades a escala mundial (UNDP, 2020). En este contexto, el impacto de la COVID-19 se ha hecho notar especialmente en procesos migratorios.

Investigaciones recientes han advertido sobre los crecientes riesgos económicos y sanitarios a los que se enfrentan refugiados, migrantes y sus familias en todo el mundo (IOM, 2020). Desde el punto de vista de la salud, incluso en una situación de normalidad, las personas migrantes (sobre todo las que se encuentran en situación irregular) se enfrentan a múltiples  dificultades para acceder a la asistencia sanitaria en los países de acogida. Esto se debe a causas tan diversas como: la falta de seguro de salud, los elevados costos sanitarios, los obstáculos administrativos, o las barreras idiomáticas. En los Estados Unidos, por ejemplo, 20% de los inmigrantes carecía de seguro de salud en 2017 frente al 7% de los locales (Batalova, Blizzard y Bolter 2020).

Además de las dificultades de acceso a los sistemas sanitarios, otros dos factores exponen a gran parte de la población migrante a un elevado riesgo de contraer la enfermedad. Por un lado, en muchos lugares del mundo, los trabajadores migrantes, sobre todo los menos cualificados, con frecuencia viven en condiciones precarias de hacinamiento, a menudo en entornos urbanos abarrotados o barrios marginales, que no les permiten cumplir con las recomendaciones sobre el distanciamiento social,  lo que los pone en mayor riesgo de contraer la enfermedad (Kluge et al., 2020). En Singapur, por ejemplo, se estima que 40% de los casos de COVID-19 a mediados de abril eran trabajadores extranjeros poco calificados, mientras que en Arabia Saudita, más de la mitad de los casos eran extranjeros (Gelatt, 2020). Por otro lado, muchos migrantes son trabajadores de primera línea en sectores esenciales como la sanidad, la seguridad, la limpieza, la agricultura o la alimentación. Así, aunque estos trabajadores tienen menos probabilidades de perder su empleo, tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19. Según el Instituto de Política Migratoria 17% de los trabajadores empleados en ocupaciones de primera línea en los Estados Unidos son migrantes (Gelatt, 2020). En Suiza, 47% de los médicos y 32% de las enfermeras son nacidos en el extranjero, mientras que en el Reino Unido, más de 30% de los médicos y más de 20% de las enfermeras son inmigrantes (World Bank, 2020; Braunsdorf y Rother, 2020).

Aunque varias regiones del  mundo han sido testigos de episodios racistas contra migrantes, varios países han otorgado derechos a distintos grupos de migrantes. Así, por ejemplo, en el momento en que Portugal declaró el estado de emergencia, el gobierno portugués se aseguró de que todos los migrantes tuvieran acceso a la atención médica y otros servicios necesarios, mientras otorgaba permiso de residencia temporal a todos aquellos inmigrantes y solicitantes de asilo con solicitudes pendientes. Dado que el sector agrícola depende en gran medida de la mano de obra migrante, el gobierno italiano aprobó vías para la regularización de la situación de alrededor de medio millón de trabajadores agrícolas y domésticos. En Alemania, tras un inquietante rebrote de la COVID-19 en un matadero donde un gran número de migrantes trabajaba en condiciones deleznables, el  gobierno alemán ahora quiere poner fin a dichas condiciones laborales de explotación en la industria cárnica (Braunsdorf y Rother, 2020). También en Alemania, antes de la pandemia se calculaba que había unos 14,000 médicos extranjeros esperando la validación de sus certificados. Frente al brote de la pandemia y la necesidad urgente de personal médico, algunos estados federales alemanes pidieron acelerar el proceso de validación de certificados de médicos de origen migrante, muchos de los cuales eran refugiados (Heimbach, 2020). Otros países en América Latina, como Argentina, Chile y Perú han seguido una línea similar, permitiendo a profesionales del sector salud con titulaciones en el extranjero ejercer su profesión durante la emergencia (Tres, 2020).

Desde el punto de vista económico, la paralización de las actividades no esenciales en muchos países para frenar la expansión de la pandemia, ha tenido un fuerte impacto económico en el colectivo migrante, gran parte del cual  trabaja en el sector informal y que se ha visto privado de sus ingresos de subsistencia. Al no contar con ingresos ni tampoco poder acceder a ayudas de bienestar social, muchos de estos migrantes no pueden pagar sus alquileres, enfrentándose así a desalojos, como los registrados con migrantes venezolanos en Colombia y Perú.  Aunque el desempleo ha afectado también a muchas personas no-migrantes, la situación es más complicada para las personas desplazadas, ya que las restricciones a la movilidad transfronteriza ha impedido a muchos regresar a sus países (como ocurre con los migrantes de Camboya, Lao PDR y Myanmar en Tailandia), lo que les ha obligado a quedarse atrapados en tránsito (como ha ocurrido con los migrantes internos en India)  (Banco Mundial, 2020).

En estas circunstancias, mucho de estos migrantes tampoco pueden enviar remesas a sus familias en sus países de origen. La pérdida de empleos e ingresos como resultado de la COVID-19 conduce a una disminución de las remesas de los migrantes, con efectos devastadores. Antes de la pandemia, alrededor de 270 millones de personas vivían fuera de su país de nacimiento y enviaron casi USD 700 mil millones en remesas a unos 800 millones de familiares en más de 125 países. En promedio, estas remesas representan 60% de los ingresos de muchas familias, y en casi una trentena de países 10% del producto interior bruto (Braunsdorf y Rother, 2020). Para 2020, el Banco Mundial ahora predice una caída en las transferencias de dinero de casi 20% a nivel mundial, el mayor descenso anual en la historia reciente, lo que provocará el colapso de numerosos hogares desde México a Nigeria y Ucrania. Menos migración se traduce en menos remesas, más desigualdad y más vulnerabilidad  (Banco Mundial, 2020).

El contexto de emergencia también ha determinado el cierre indiscriminado de las fronteras, dejando sin asistencia a miles de migrantes en proceso de retorno. En Bolivia, por ejemplo, el gobierno ha retenido en un campamento militar fronterizo a cientos de temporeros bolivianos, que tras haber perdido su fuente de ingresos en Chile, se disponían a regresar a sus hogares (Villareal, 2020). Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido sobre el nefasto impacto social y económico si los migrantes regresan a sus países de origen en un breve periodo de tiempo y no reciben ayudas para su reintegración y protección social.

Podría decirse que la situación es aún más crítica para las personas demandantes de asilo y los refugiados, 85% de los cuales viven en países de bajos y medianos ingresos. Los residentes de los campos de refugiados se ven particularmente afectados, ya que se encuentran entre los lugares más densamente poblados del mundo, las medidas de autoaislamiento y distanciamiento social son casi imposibles de implementar, y la ansiedad creada por la incertidumbre y la propagación de información errónea es casi insostenible (Betts, Easton-Calabria y Pincock, 2020). Mientras tanto, muchos miembros del personal de organizaciones internacionales, incluyendo Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y cuerpos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han abandonado los campos de refugiados y regresado a sus países. Además, en cumplimiento con las medidas de distanciamiento social, los estados han comenzado a reducir el número de procesos burocráticos. Ante la reducción de la capacidad de las organizaciones internacionales humanitarias y el cese o desvío de fondos, muchos refugiados se enfrentan a la exclusión del acceso a servicios estatales, incluida la distribución de alimentos  (Betts, Easton-Calabria y Pincock, 2020). En Uganda, por ejemplo, el cierre de la economía ha hecho que los refugiados, que anteriormente eran autosuficientes, pasen a la indigencia y la desesperación. Del mismo modo, en Amman, Jordania, los refugiados que antes dependían del acceso a la economía informal ya no pueden alimentar a sus familias. La ansiedad es alta en los campos de refugiados remotos, como Kakuma en Kenia, y en contextos urbanos, como Dar es Salaam en Tanzania, debido a la falta de información, saneamiento básico o cualquier capacidad para responder a la pandemia (Alio et al., 2020).

Por debajo del radar de los organismos oficiales, muchos refugiados están trabajando para llenar vacíos. Ante las dificultades económicas y de personal en la que se ha visto sumido el sector humanitario, las organizaciones dirigidas por refugiados han desempeñado durante mucho tiempo un papel importante al proporcionar protección y asistencia a otros refugiados, y a las comunidades de acogida, en campamentos y ciudades de todo el mundo. Investigaciones recientes en campos de refugiados en Uganda y Kenia demuestran que la fuente principal de protección social en caso de emergencia para más de 90% de los encuestados no eran las grandes ONG ni las organizaciones internaciones, sino sus comunidades (Betts, Easton-Calabria y Pincock, 2020). El trabajo de las organizaciones informales de refugiados ahora es más relevante que nunca, y necesitan un mayor apoyo (Betts, Easton-Calabria y Pincock, 2020). Hasta la fecha, este tipo de organizaciones informales rara vez han recibido financiación internacional o reconocimiento como socios operativos dentro del sistema humanitario, que sigue estando basado en una fuerte separación entre proveedores oficiales y el “beneficiarios”. Esta pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de involucrar a diversos actores, como el sector privado, las ciudades y los propios refugiados, construyendo modelos participativos duraderos en las distintas labores humanitarias.

La actual crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la vital importancia socioeconómica de la movilidad humana para el mundo globalizado en el que vivimos. Los efectos a largo plazo de la COVID-19 en la migración son inciertos, aunque, a todas luces, parecen poco halagüeños. El desplome de muchas economías podría significar una menor demanda de trabajadores migrantes y mayores restricciones en las políticas migratorias.  En varias regiones se están dando actitudes discriminatorias y estigmatizantes hacia los migrantes tanto externos como internos, lo que podría tener implicaciones para los movimientos dentro de los países en el futuro (OIM, 2020). Además, existe el riesgo de que algunas de las actuales medidas temporales de emergencia se conviertan en medidas a más largo plazo (Braunsdorf y Rother, 2020). Sin embargo, en medio de esta crisis sanitaria, social y económica, es importante no perder de vista y saber aprovechar las distintas iniciativas y oportunidades que están surgiendo en varios lugares del mundo.

Bajo este panorama, el número 10 de la revista Diarios del Terruño incluye trabajos que abordan distintas dimensiones de las migraciones actuales, donde se ponen de relevancia la interconexión de múltiples desarrollos y acontecimientos globales. En los últimos años, políticos, medios de comunicación y gran parte de la opinión pública se han referido a la migración (forzada y voluntaria) como una crisis a la que hay que poner freno. Hasta la fecha, dicho freno se ha venido materializando de varias formas, por ejemplo: más y cada vez más restrictivas políticas migratorias, mayores y más avanzados dispositivos de control, o la creación de nuevas “etiquetas” para limitar a ciertas personas el acceso a ciertos derechos y obligaciones. Como demuestran algunos de los artículos de este número, más que frenar la “crisis migratoria”, los resultados de estas medidas se han traducido en una mayor vulnerabilidad no sólo para las personas migrantes, sino también para sus familias. Si algo ha puesto de manifiesto la actual pandemia de la COVID-19 es el alto grado de interconexiones políticas y socioeconómicas del mundo actual y la irrelevancia de las fronteras geopolíticas ante el poder contagioso del virus. Hacinar a colectivos migrantes, desatender las medidas sanitarias en sus puestos de trabajo o denegarles atención médica resulta en mayor número de contagiados, sea cual sea su nacionalidad o estatus legal. El contenido de este nuevo número pone de manifiesto una serie de desafíos en los procesos migratorios internacionales, que si bien pueden verse agravados como resultado de la actual crisis de coronavirus, también suponen nuevas oportunidades holistas que sean capaces de satisfacer las necesidades de un mundo en movimiento.

Los ocho artículos que componen este número están organizados en torno a tres secciones temáticas principales. La primera sección Políticas migratorias, empieza con el artículo de Lucía Núñez Lodwick, “El impacto legislativo de las políticas anti-trata en la práctica de la prostitución de mujeres migrantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina”, donde la autora explora cómo los procesos legislativos en Argentina han modificado las prácticas de las mujeres dominicanas trabajando en la prostitución en la capital del país, reforzando así situaciones de vulnerabilidad. En las últimas décadas, la prostitución femenina ha experimentado procesos de industrialización y globalización, lo que ha reavivado disputas feministas alrededor de aspectos de coerción/autonomía, y generado debates legislativos en torno al reconocimiento de esta actividad por parte del estado. En este contexto este artículo analiza el impacto de los avances legislativos que el estado argentino llevó a cabo en las últimas décadas, sobre las dinámicas y el desarrollo de la prostitución en Buenos Aires. Mediante un estudio etnográfico longitudinal, Núñez Lodwick analiza cómo la victimización impulsada por el estado, junto con la toma de medidas legales y la implementación de dispositivos de control, destinados a la lucha contra la trata de personas con fines sexuales, han reforzado indirectamente las condiciones de precariedad de estas trabajadoras sexuales de origen migrante. Con base en los hallazgos de la investigación, el artículo recomienda la creación de políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres y sancionen la explotación sexual.

A continuación, en el artículo “Proceso de adopción del Pacto Mundial sobre Migración. Actores, tramas y repercusiones en Sudamérica”, las autoras, Natalia Debandi y Joanna Sander, analizan las posiciones, tensiones y estrategias de los diferentes bloques y actores durante el diseño, debate y adopción del “Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular” por parte de 152 países en diciembre de 2018. Mediante el análisis documental de los informes y documentos realizados durante el debate, este artículo estudia las principales tensiones que emergen entre los diferentes bloques, a saber: la diferencia entre migración regular e irregular; el uso de categorías distintivas de migrante y refugiado; y la detención de migrantes como principal instrumento de control y criminalización. El artículo critica cómo el documento final del Pacto no logra resolver la tensión existente entre la securitización de la migración, con énfasis en la soberanía nacional, y el abordaje a temas migratorios desde la perspectiva de los derechos humanos. El proceso de diálogo y discusión mostró que las diferencias de posturas y tensiones frente al “problema migratorio” no se dan exclusivamente entre organizaciones de migrantes u organismos de derechos humanos y los Estados, sino también entre las distintas regiones y, más aún, dentro del propio sistema de Naciones Unidas. Estas cuestiones ponen de manifiesto los distintos paradigmas y concepciones sobre “la problemática de la migración internacional”. El artículo se enfoca, en particular, en el rol de la sociedad civil del Bloque Latinoamericano y su perspectiva de derechos humanos dentro del debate. Tras un año desde su implementación, las autoras reflexionan sobre la escasa repercusión del Pacto, que a pesar de haber generado nuevas estructuras institucionales, no ha logrado tener un impacto real en las políticas migratorias y mecanismos de cooperación en el mundo, y menos aún en Sudamérica.

Mauro Pérez Bravo cierra esta sección con el tema de la protección de datos personales dentro del ámbito de la movilidad humana. En su artículo, “Los datos personales de migrantes y la seguridad nacional en México. Un dilema legislativo entre lo político y lo ético”, el autor aborda la relación entre la protección de datos personales y la migración regular e irregular, principalmente proveniente de Centroamérica que transita por México con destino a Estados Unidos. El artículo describe cómo en México, el uso y manejo de datos personales de migrantes se lleva a cabo desde la seguridad nacional, ya que es el Instituto Nacional de Migración (INM), como Instancia de Seguridad Nacional, quien se encarga de ejecutar la política migratoria y, por lo tanto, del almacenamiento de datos personales e información de extranjeros que entran en el país regular o irregularmente. Mediante un estudio legislativo sobre dicha protección de datos, el estudio apunta a una ausencia de mecanismos jurídicos capaces de ofrecer una protección segura a los datos personales de las personas migrantes en México. Un punto clave que el autor destaca en este estudio es la cercanía que guarda el tema de la protección de datos personales de personas migrantes con una perspectiva de seguridad nacional, lo que implica que en México, como en muchos otros países, la migración se ve como un problema que debe ser atendido desde la seguridad nacional y no desde una perspectiva de derechos humanos. Considerar la migración como un asunto de seguridad nacional implica que el manejo de información y datos personales, también pasarán a formar parte de una estructura gubernamental que se encarga de la seguridad nacional, lo que conlleva dificultades a la hora de desvincular aspectos legales de criminalización y discriminación con la movilidad humana.

El artículo de Karla Ballesteros Gómez, “Paternidades a distancia. La nueva realidad de los padres deportados”, encabeza la segunda sección Reconfiguraciones familiares. En esta contribución, la autora explora las reconfiguraciones de las prácticas de paternidad en un contexto transnacional a través de cuatro casos de padres mexicanos indocumentados que, tras haber sido encarcelados varias veces en Estados Unidos, finalmente son deportados a México, separándoles así de sus hijos. El artículo invita a reflexionar sobre las distintas construcciones sociales de las prácticas de paternidad, una característica clave de la masculinidad, pues constituye la reproducción social relacionada con la responsabilidad de criar y proveer económicamente para la familia. Tras la deportación, las restricciones para reingresar a EE.UU imposibilitan el reencuentro familiar, trastocando así las prácticas de paternidad y la masculinidad tradicionales, ya que los padres dejan de ser los proveedores y principales generadores de ingresos económicos. Ante esta situación, los hombres de este estudio buscan ejercer su paternidad a través de diversas estrategias, como el intercambio de video-llamadas, el envío de regalos, y en menor medida, remesas. El artículo revela tres tipos de reconfiguraciones, que invitan a futuras investigaciones: 1) El cambio de autoridad, que pasa del padre a repartirse entre todos los miembros de la familia; 2) La práctica de ser el principal proveedor económico se ve truncada, y por lo tanto busca ser compensada mediante el establecimiento de relaciones emocionales más fuertes con sus hijos; 3) Se establecen nuevas formas de convivencia emocional, mediadas por las madres, las cuales juegan un papel clave en la reconfiguración de la paternidad y masculinidad de sus (ex)parejas.

Las autoras Karla Yunuén Guzmán Carrillo, Nydia Obregón Velasco, Lucía Cabrera Mora, y María Elena Rivera Heredia cierran esta sección con una reflexión sobre el bienestar psicológico de niños en distintas coyunturas migrantes en Michoacán, México. El intenso flujo migratorio entre México y Estados Unidos conlleva una serie cambios en la dinámica familiar de los hogares en donde uno o más de sus integrantes emigran o retornan a México después de un cierto período de tiempo, ya sea de manera voluntaria o forzada por procesos de deportación o repatriación. Con frecuencia, los niños y niñas en estos hogares con trasfondo migrante viven de manera estresante los procesos de separación y reunificación familiar. Esta situación trae consigo la necesidad de brindar atención psicológica para promover el bienestar psicosocial de las personas migrantes, específicamente de los niños y sus familias. En su artículo, “Estrategias para promover el bienestar psicológico en niñas y niños impactados por la migración: experiencias desde Michoacán, México”, las autoras ilustran los impactos que tiene la migración en las niñas/os y sus familias con diferentes tipos de experiencias migratorias, incluyendo a menores cuyos padres emigran, retornan o quienes han vivido por sí mismos la experiencia de migrar e integrarse a la escuela y a la comunidad. El artículo propone diversas técnicas y estrategias concretas para apoyar el desarrollo del bienestar psicológico de los niños/as impactados por la migración, con la intención de apoyarles en el área de la salud mental infantil.

Finalmente, la última sección de la revista, Sociedades globales, inicia con el artículo “Del Baol a Buenos Aires. Actualizando la genealogía de la migración senegalesa Modou-Modou”, donde la autora, María Luz Espiro, propone una genealogía contextualizada y actualizada de la migración senegalesa, donde Sudamérica aparece como un destino reciente ante el aumento de políticas migratorias cada vez más restrictivas desde países del norte económico global. Más allá de las rutas migratorias internas (de lo rural a lo urbano), regionales (principalmente entre países de África Occidental) y hacia el sur de Europa, en el siglo XXI se incorporan destinos del Cono Sur, como Argentina y Brasil. Mediante un estudio de corte cualitativo, la autora identifica elementos claves que moldean la direccionalidad y características de estas migraciones, como la colonización francesa y la presencia del Islam en África Occidental, de cuya combinación emergieron los migrantes Modou-Modou. Con una arraigada cultura de movilidad, este grupo cuenta con fuertes y antiguas redes migrantes a nivel local y global, que constituyen un elemento clave en sus dinámicas de vida y subsistencia, basadas en la religiosidad, el comercio y la reciprocidad.

A continuación, Alma Paola Trejo Peña analiza el contexto de acogida institucional en México para investigadores que obtuvieron un doctorado en Historia en España. Su artículo, “Acogida institucional de historiadores doctorados en España: ¿un contexto que favorece su establecimiento en México?aborda el proyecto migratorio de cuatro historiadores españoles, con foco en las condiciones institucionales de acogida en México, que hacen posible su llegada e integración. En este artículo cualitativo de carácter exploratorio, la autora explica cómo las dificultades para financiar estudios de posgrado así como la obtención de una plaza académica en España por la existencia de cuellos de botella en la carrera académica y la poca transparencia en las convocatorias para plazas académicas, han disparado las tasas de desempleo para doctores historiadores españoles en los últimos años. Esta situación ha empujado a muchos de estos expertos a buscar mejores alternativas en países Iberoamericanos. Entre los hallazgos de esta investigación destacan: la benevolencia del contexto legislativo mexicano para emplear a investigadores extranjeros, a pesar de carecer de un sistema migratorio enfocado en atraer a personal altamente cualificado; la oportunidad de concursar de forma transparente y bajo los mismos criterios que los nacionales para obtener una plaza académica, y la posibilidad de los historiadores españoles de movilizar sus recursos sociales desde España hacia México. A modo de conclusión y objeto de futuras pesquisas, la autora hace referencia a la importancia investigar el impacto de las redes académicas de historiadores entre México y España.

El artículo de Marisol Pérez Díaz, “Formas estatales reconfiguradas: la intervención a poblaciones migrantes en tránsito irregularizado por Tenosique, Tabasco”, cierra esta sección. En él, la autora analiza las reconfiguraciones de lo estatal, dentro del marco de los flujos migratorios en tránsito por Tenosique, Tabasco. El artículo se centra en el papel de la población migrante en tránsito a través de las instituciones y políticas públicas estatales, poniendo en evidencia la existencia de otros actores—organismos supranacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas transnacionales e incluso bandas y grupos criminales— que despliegan prácticas en las que se expresan efectos estatales. La autora expone cómo en la globalización neoliberal en la que vivimos, el Estado ha dejado de ser la máxima sede del poder, donde la gubernamentalidad está adquiriendo una nueva estructura regulatoria en donde el ordenamiento nacional se está descentralizando, y los mecanismos regulatorios nacionales se articulan con aquéllos ubicados a nivel local, regional e internacional. Mediante el caso particular de Tenosique, donde se visibilizan claramente las diferentes reconfiguraciones de lo estatal en el marco de las migraciones irregulares, Pérez Díaz evidencia, por un lado, la intervención de poblaciones migrantes por parte de las agencias intergubernamentales y la sociedad civil que, en muchos casos, enmascaran prácticas violentas, y por otro lado, la intervención de las bandas y grupos criminales, ante la pasividad las autoridades estatales en el manejo de las poblaciones migrantes irregularizadas. El tránsito por México pone de manifiesto que el Estado ya no es el único titular del poder para intervenir, regular y gobernar poblaciones migrantes.

Tras las tres secciones principales, Adriana Paola Zentella Chávez presenta “Reflexiones animales sobre el Coronavirus: fronteras, espacios y transformaciones”, una Nota crítica donde analiza cuáles han sido y siguen siendo los impactos del Covid-19 en el contexto mexicano, no sólo desde el punto de vista migratorio, sino también desde una perspectiva más global, destacando las crecientes desigualdades sociales en la población. A continuación, se incluye una Entrevista con Leticia Calderón Chelius realizada por Arturo Preciado Guerra. En vísperas del nuevo período electoral para determinar la presidencia estadounidense del siguiente cuatrienio, Calderón Chelius reflexiona sobre el papel que jugó el “factor Trump” en el voto mexicano en el exterior durante la elección presidencial de 2018. El presente número 10 de Diarios del Terruño concluye con una reseña de Gabriela Pinillos Quintero sobre el libro de Lucía Álvarez Enríquez, (Re)pensar la ciudadanía en el siglo XXI, una obra sobre el complejo proceso histórico en torno a la noción de ciudadanía, que invita a la reflexión sobre la vigencia y potencial político, analítico y conceptual que este concepto conserva en el siglo XXI, una época en la que los complejos fenómenos sociales han trastocado los límites y alcances de los marcos tradicionales del Estado-nación que han sostenido el concepto de ciudadanía a lo largo del tiempo.

Ester Serra Mingot
Senior Researcher
BICC / Internationales Konversionszentrum
Bonn, Alemania.

Referencias bibliográficas

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