Camino a la reunificación: análisis de las estrategias migratorias tras la separación familiar por deportación

Segunda época, número 13, enero-junio 2022, pp. 166-185.

Fecha de recepción: 12 de diciembre de 2021.
Fecha de aceptación: 23 de mayo de 2022.

Autores: Maritza Rodríguez Gutiérrez,1 Eduardo Torre Cantalapiedra.2

Resumen

Cada año miles de familias tienen que lidiar con la separación física de sus miembros a consecuencia de las deportaciones conducidas por las autoridades migratorias estadounidenses. El objetivo de este trabajo es analizar las estrategias migratorias que llevaron a cabo las familias mexicanas después de la deportación de alguno de sus miembros, ya sea para adaptarse a la situación de separación y/o en pro de lograr la reunificación familiar en Estados Unidos. A partir de diez entrevistas realizadas a migrantes deportados, se analizan tales estrategias destacando el lugar de residencia de los miembros de la familia a lo largo del tiempo. Adicionalmente, para contextualizar el fenómeno de las separaciones familiares por deportación, analizamos las políticas de control inmigratorio a partir de los años noventa.

Palabras clave: política migratoria, deportaciones, migración internacional, estrategias migratorias, separación y reunificación familiar.

Road to Reunification: Analysis of Migration Strategies after Family Separation Due to Deportation

Abstract

Every year thousands of families have to deal with the physical separation of their members as a result of deportations conducted by US immigration authorities. The objective of this paper is to analyze the migratory strategies carried out by Mexican families after the deportation of some of their members, either to adapt to the situation of separation and / or to achieve family reunification in the United States. Based on ten interviews with deported migrants, these strategies are analyzed, highlighting the place of residence of family members over time. Moreover, to contextualize politically and historically the phenomenon of family separation by deportation, we analyze immigration control policies since the 1990s.

Keywords: migration policies, deportations, international migration, migration strategies, familiar separation and reunification.

Introducción

El hielo anda suelto por esas calles

Nunca se sabe cuándo nos va a tocar

Lloran los niños lloran a la salida

Lloran al ver que no llegará mamá

Uno se queda aquí, otro se queda allá

Eso pasa por salir a trabajar […]

—Fragmento de “ICE El Hielo”, interpretado por La Santa Cecilia.[1]

A partir de la segunda mitad de los años noventa, en un contexto de políticas de control inmigratorio restrictivas y persecutorias, las autoridades estadounidenses deportaron formalmente[2] a un número cada vez mayor de inmigrantes en situación irregular (Kanstroom, 2007; Rosenblum et al., 2014). Aunque estas deportaciones se centraron en hombres latinos, en su inmensa mayoría de origen mexicano (Mittelsdat et al., 2011; Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo, 2013), también afectaban al resto de integrantes de las familias.

La familia como institución social en el nivel intermedio supone que los efectos nocivos de las políticas antiinmigrantes, aunque inicialmente afectan sólo a alguno/s de sus integrantes, posteriormente acaban por perjudicar a los restantes. Esta propagación de efectos dañinos ha sido evidente en gran parte de las deportaciones, como se ha señalado en la literatura académica[3] y como lo ilustra el estribillo de la canción “ICE El Hielo”, ya que conllevan a las separaciones familiares.[4]

Los trabajos enfocados en la separación familiar, en la reunificación familiar, o en ambas, han crecido exponencialmente en las dos últimas décadas; en parte como resultado del auge del fenómeno de las separaciones debido a las deportaciones.[5] No obstante, el camino recorrido por las familias desde la situación de separación tras la deportación hasta la reunificación y lo que hacen las familias para sobrellevarla durante el tiempo de separación han sido poco investigadas.

El objetivo principal del presente trabajo es analizar las estrategias migratorias que llevan a cabo las familias mexicanas —aquellas cuyo jefe de hogar y/o cónyuge nacieron en México— una vez que sucede la deportación de alguno de sus miembros,[6] ya sea para adaptarse a la nueva situación de separación y/o en pro de lograr la reunificación familiar en Estados Unidos.

El trabajo está dividido en tres secciones. Primero, para ubicar las experiencias de los inmigrantes, se analizan las políticas de control migratorio desde mediados de los años noventa, con especial atención en la génesis del actual sistema de deportación. Segundo, se presentan algunos aspectos teórico-conceptuales que permiten el análisis de las estrategias migratorias tras separación por deportación. Tercero, con base en diez entrevistas realizadas a migrantes mexicanos deportados por las autoridades estadounidenses se analizan tres estrategias migratorias, haciendo énfasis en el lugar de residencia de los miembros a lo largo del tiempo: 1) fijar la residencia del migrante deportado en el lado mexicano de la franja fronteriza; 2) acudir a las vías legales de ingreso o a los diversos modos de cruce irregular para que el miembro deportado se reúna nuevamente con su familia en Estados Unidos, lo que puede significar la separación de los miembros por periodos más o menos extensos; y, 3) la reunificación familiar en México como paso previo a una nueva migración a Estados Unidos.

Políticas de control inmigratorio (1993-2017): deportación y separación familiar

Desde los años noventa hasta la actualidad, las políticas de control inmigratorio del gobierno estadounidense, guiadas primordialmente por el paradigma de la seguridad nacional, incluyeron medidas con respecto a su frontera sur,[7] así como al interior de su territorio[8] con los siguientes objetivos: 1) disuadir y detener los cruces irregulares —esto es, reducir a cifras mínimas el número de personas quienes se adentran en el territorio estadounidense de manera irregular— y 2) reducir el número de inmigrantes en situación irregular en su territorio. Este conjunto de medidas ha tenido como consecuencia, intencionada o no, la generación e intensificación del fenómeno de la separación forzosa de las familias.

En 1993, con el objetivo de detener el flujo de migrantes que cruzaban de manera irregular, la administración de Bill Clinton decidió terminar con la “política de la permisividad” en la frontera y poner en práctica la doctrina de la “la prevención por medio de la disuasión”; para lo cual se otorgó al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) recursos sin precedentes: más recursos humanos (patrulleros) y materiales (construcción de más muros y bardas y tecnología militar) se destinaron a las zonas de cruce frecuente de la frontera (Cornelius, 2007). Tal estrategia se materializó en diferentes operaciones desde entonces, que frecuentemente suponían un incremento de los recursos dedicados al control fronterizo: Hold The Line en El Paso (Texas), Gatekeeper en el sector de San Diego, California (1994), Saveguard en Arizona (1995), Rio Grande en Texas (1997), entre otras. En suma, todas ellas orillaron a los migrantes a ingresar al territorio estadounidense transitando por zonas riesgosas (desiertos, montañas, etcétera) para su integridad física y aumentaron los costes de los “servicios” prestados por “coyotes” o “polleros”.

En 1994 se producen tres sucesos destacados en materia inmigratoria: la aprobación de la Proposición 187 por el electorado de California, que proponía restringir a los migrantes en situación irregular el acceso a los servicios públicos, los servicios médicos y a la educación pública; segundo, un gran despliegue de la estrategia fronteriza señalada anteriormente; y tercero, la firma del Tratado de Libre Comercio América Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá que propiciaría importantes presiones inmigratorias (Zolberg, 2006).

Dos años después, en 1996, el sentimiento antiinmigrante surgido en California plasmado en el contenido de la Proposición 187 fue muy influyente en la aprobación de un conjunto de leyes en contra de los migrantes por parte del Congreso de los Estados Unidos (Cornelius, 2007), entre ellas: Illegal immigration Reform and Immigrant Responsability Act (IIRIRA) y la Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (AEDPA) que supusieron un parteaguas en el proceso de criminalización de la inmigración y que a la postre generaron un incremento sustancial de las deportaciones.

IIRIRA expandió las categorías de los no ciudadanos susceptibles de deportación, restringiendo la habilidad de estos para apelar a la deportación e incrementando las ofensas por las cuáles los inmigrantes podrían ser deportados; además, en función de la razón de la deportación, se les prohíbe el reingreso en Estados Unidos por un periodo de cinco o más años (Hagan et al., 2008; Hagan et al., 2011). La disposición 287(g), recogida como disposición 133 en IIRIRA, posibilitaría acuerdos entre las autoridades migratorias federales y los gobiernos locales para la aplicación de leyes federales (enforcement) de inmigración por policías locales y estatales (Mittelstadt, et al., 2011). La AEDPA incrementó la capacidad de aplicación de la ley de inmigración federal al eliminar la revisión judicial respecto a ciertas categorías de inmigrantes susceptibles de deportación (Hagan et al., 2011). Para empeorar la situación de las familias migrantes, estas disposiciones se aplicaron de manera retroactiva (Kanstroom, 2007). El cuadro 1 ilustra algunos de los cambios que se produjeron a raíz de toda esta legislación.

Cuadro 1. Antes y después de los cambios introducidos por las reformas de 1996

Antes Después
La mayoría de los inmigrantes expulsados tenían la oportunidad de retornar a casa voluntariamente. La mayoría de los immigrantes que llegan sin documentos enfrentan la “deportación expedita” (expedited removal), procedimiento que carece de intervención judicial.
Las deportaciones formales no judiciales contaron sólo 3% del total en los años fiscales de 1995 y 1996, la inmensa mayoría de las deportaciones formales eran decididas por jueces (datos en Rosenblum et al., 2014). Las deportaciones formales expeditas y los reestablecimientos de deportación formal sumaron 75% de todas las deportaciones de 2012 (datos en Rosenblum et al., 2014).
La deportación formal a un inmigrante que residía en Estados Unidos suponía casi siempre la revisión judicial. El juez de migración tenía la autoridad discrecional de detener la deportación de un inmigrante si consideraba que esta podía suponer un daño para algún integrante de su familia que poseyera la nacionalidad estadounidense. Se removieron las barreras que protegían a los inmigrantes de la deportación formal y que reducían la probabilidad de que fueran deportados, reduciendo la revisión judicial, restringiendo el debido proceso, por tanto, las posibilidades de éxito en las apelaciones.
Las deportaciones se producían en puertos de entrada. Las deportaciones formales de inmigrantes ahora incluyen a muchos hombres y mujeres que sin un proceso legal son expulsados las comunidades en el interior del territorio estadounidense.
Supone que los entes subnacionales (estados y localidades) se involucren más en la aplicación de la ley federal de inmigración. Los acuerdos 287(g) firmados una década son facultados por IIRIRA.

Fuente: elaboración propia con base en Kanstroom, 2007; Hagan et al., 2008; Hagan et al., 2010; Hagan et al., 2011; Rosenblum et al., 2014.

Consideramos que las reformas legales de 1996 tuvieron importantes repercusiones en términos de promover, ya sea de manera no intencional, la separación familiar por tres razones: 1) generaron las condiciones propicias para el aumento de las cifras de deportaciones que posteriormente se produjo, 2) no tuvieron en cuenta la trascendencia a nivel familiar de las mismas y 3) elevaron significativamente la aplicación de la ley realizada en el interior del territorio. Los cambios legislativos posteriores junto con otras acciones políticas apuntalaron estos tres aspectos de la política de control inmigratorio estadounidense abriendo paso a un periodo de “deportaciones masivas” (Hagan et al., 2011; Izcara Palacios y Andrade Rubio, 2015) y de separaciones familiares a causa de estas.

Los atentados del 11 de septiembre supusieron nuevos cambios en las políticas migratorias que nuevamente bajo el prisma de la seguridad nacional criminalizaron todavía más la migración irregular. En 2001, el Congreso aprobó la USA PATRIOT Act, que expandió las categorías de inmigrantes susceptibles de deportación incrementando la autoridad y discreción administrativa para deportar a grupos de inmigrantes considerados una amenaza para la seguridad nacional.

En marzo del año 2003, se creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), donde quedaron subsumidas la mayoría de las funciones del INS, a través de tres componentes: 1) Agencia de Inmigración y Aduanas, 2) Aduanas y Protección Fronteriza y 3) Servicios de Inmigración y Ciudadanía (respectivamente, ICE, CBP y USCIS, por sus siglas en inglés). Cabe destacar que la función de ICE es detener y deportar a ciudadanos que violan las leyes de inmigración federales, especialmente en el interior del territorio estadounidense. ICE ha generado numerosas iniciativas para la aplicación de ley de migración que se enfocaron en las comunidades de migrantes presentes en el territorio estadounidense. En 2003 el National Fugitive Operations Program (NFOP) es una iniciativa centrada en la aprensión de fugitivos peligrosos. Los acuerdos 287(g), que como se señaló estaban contemplados en IIRIRA, entre ICE y las agencias estatales y locales encargadas del cumplimiento de la ley para que estas últimas pudieran ejecutar ciertos aspectos de la ley inmigratoria federal. A pesar de que el programa fue creado en 1996, no es sino hasta el año 2002 que se firmó el primero de estos acuerdos, y el mayor auge de estos se produjo entre 2007 y 2008 (Meissner et al., 2013).

En el año 2005 dos estrategias se condujeron para incrementar el control fronterizo y criminalizar flujos migratorios irregulares. Por un lado, Secure Borders Initiative (SBI) supuso combinar barreras físicas con mejoras tecnológicas y el incremento de disposiciones legales para ganar control operacional del suroeste de la frontera (Mittelstadt et al., 2011). Por otro lado, el DHS y el Departamento de Justicia lanzan Operation Streamline para desincentivar la repetición de los cruces irregulares poniendo cargos criminales a quienes “cruzan ilegalmente” —faltas o misdemeanors— y a quienes “reingresan ilegalmente” (delitos graves o felonies) (Rosenblum et al., 2014). Estas actuaciones de las autoridades estadounidenses acarrean a los migrantes hasta 6 meses de prisión por las faltas de entrada ilegal, y hasta 20 años de prisión por los delitos de reingreso ilegal.

Para 2008, el DHS, siguiendo los pasos de los acuerdos 287(g), crea Comunidades Seguras (Secure Communities) un programa diseñado para identificar inmigrantes en prisión que son deportables de acuerdo con la ley de inmigración, y que, por tanto, pueden acabar en un proceso de deportación (Mittelstadt et al., 2011; Rosenblum et al., 2014). El programa ha sido virtualmente implementado en todas las prisiones y cárceles de la nación (Meissner et al., 2013).

Las deportaciones han conducido a la separación de miles de padres y madres de sus hijos (Ruiz Marrujo, 2014). De acuerdo con cifras de un estudio del Congreso, sólo en el año 2013 fueron deportados alrededor de 72 mil personas que declararon tener al menos un hijo ciudadano estadounidense (Foley, 2013); por lo que muchos mexicanos fueron deportados y por ende sus familias fueron separadas. La separación familiar es un aspecto que se hace presente en la vida de las familias mexicanas en Estados Unidos incluso aunque ningún miembro de la familia haya sido deportado, pues forma parte del sentimiento de temor que genera la deportabilidad[9] en las familias en que al menos uno de sus miembros se encuentra en situación irregular (Montes, 2019).

El repaso de las políticas inmigratorias estadounidenses permite deducir que, si bien, las deportaciones producen la separación física de los miembros de las familias, son otras leyes y medidas las que impiden o cuanto menos dificultan de manera considerable que se pueda producir la reunificación en Estados Unidos, particularmente en el corto y mediano plazo. Como ya se dijo, los costes del cruce fronterizo son cada vez mayores, tanto en términos de riesgos para la integridad física de los migrantes como en términos económicos. Asimismo, aquéllos que tienen prohibido el reingreso por un cierto periodo de tiempo, si no lo respetan corren el riesgo de estar en prisión por años. Por lo tanto, las dificultades y los desincentivos para la reemigración de manera irregular del integrante que ha sido deportado son significativas.

Separación y estrategias migratorias tras la deportación: aspectos teórico-conceptuales

En lo que llevamos de siglo XXI, las separaciones familiares tanto generadas por migraciones internacionales[10] como por deportaciones han sido ampliamente estudiadas. Aunque las separaciones por deportación difieren del fenómeno de la separación por migración, especialmente en cuanto a la no voluntariedad, tienen similares temas de investigación. En el caso de la separación por deportación resaltan los siguientes: 1) los efectos nocivos que tienen sobre la vida de los hijos (Brabeck y Xu, 2010; Dreby, 2012; Allen et al., 2015). Cuando los hijos quedan separados de sus progenitores se convierten en un espacio de intervención de las políticas públicas (Herrera, 2011; Rodríguez Gutiérrez, 2016). 2) La paternidad/maternidad a distancia tras la deportación (París Pombo y Peláez Rodríguez, 2011; Mariscal Nava, 2018). La exigencia social sobre padres y madres, cuando hay separación física de sus hijos, difiere en función de los roles de género, así a las mujeres soportan una responsabilidad mucho mayor respecto al cuidado de los hijos (Pedone, 2008; Mata Navarro, 2021). Aunque los varones están relativamente mejor ubicados para sobrellevar el rol paterno a distancia, también ven redefinidas sus paternidades (Zapata Martínez, 2009) y experimentan diversos malestares como resultado del distanciamiento físico de sus hijos (Torre Cantalapiedra y Rodríguez, 2019). 3) Lo que hacen las familias después de la deportación para reestablecer su vida familiar, incluidos los trabajos que abordan la reunificación (Ruiz Marrujo, 2014; Boehm, 2017; Ibarra González y Vargas Valle, 2021; Rentería Pedraza, 2021).

Este trabajo se encuadra mayormente en el tercer tema de investigación. Aunque todavía constituyen un número reducido, son varios los trabajos que analizan lo que sucede con las familias tras producirse la separación por deportación de uno o varios de sus miembros. Para el caso mexicano, las opciones para los padres deportados esbozadas por Ruiz Marrujo (2014) constituye un excelente punto de partida: traer a sus familias a México, la de cruzar irregularmente a Estados Unidos, permanecer en Tijuana para estar más cerca de sus familiares en California y regresar a sus regiones de origen para ahorrar dinero que les permita viajar nuevamente al norte.

La posibilidad de traer a los hijos a México en apariencia es una opción asequible para muchos padres, puede resultar inasumible en la práctica. En forma autoetnográfica, Morales Guzmán (2010) relata en primera persona la dificultad de mantener a la familia unida (madre e hija) en México tras sufrir en carne propia la deportación. En un cierto momento su hija se muestra desesperada por regresar a estudiar a Estados Unidos. París Pombo y Peláez Rodríguez (2015) exponen el caso de una mujer deportada que trajo a sus tres hijos a México pero que tras observar que sus hijos no se adaptaban a la vida en Morelia (Michoacán), trató de cruzar en numerosas ocasiones a Estados Unidos, a pesar del riesgo que esto conlleva, tanto en términos de su integridad física durante el cruce como de ser encarcelada por regresar a aquel país antes de que finalizara la prohibición de reingreso erigida en su contra.

Otros trabajos evidencian que la separación por deportación que divide a familias genera incentivos a la reemigración a Estados Unidos del miembro que ha sido deportado. Hagan et al., (2008) y Cardoso et al., (2016) encontraron que los lazos sociales fuertes de los deportados centroamericanos con personas que “dejan atrás” en Estados Unidos incrementan la probabilidad de que se repita la migración hacia aquel país. Amuedo-Dorantes et al., (2015) usando datos de la Encuestas sobre Migración en la Frontera Sur (EMIF-Sur) encuentran que las separaciones forzadas aumentan la probabilidad de que los padres centroamericanos reporten la intención de retornar a Estados Unidos, presumiblemente sin documentos. Con base en datos de la Encuestas sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF-Norte) se encontró que, en contraposición con el efecto del sistema migratorio punitivo estadounidense, las relaciones familiares son un factor que incentiva a los padres mexicanos a reemigrar a Estados Unidos (Torre Cantalapiedra y Calva Sánchez, 2021). La mayor propensión de los padres mexicanos para reingresar al territorio estadounidense es algo que también se constata en Martínez et al. (2018), quienes hacen uso de una encuesta más reducida.

Cabe mencionar que no todas las deportaciones implican necesariamente separación familiar, cuando la persona deportada ha dejado atrás a su esposa/o e hijos o a ambos en el país de origen, irónicamente la deportación puede conducir a la reunificación familiar (Hagan et al., 2010).

Este breve repaso a literatura sobre separación por deportación y lo que hacen las familias tras la misma, permite dar cuenta de una serie de realidades y preferencias de las familias mexicanas que sufren la separación por deportación, aquí queremos destacar dos de ellas: 1) el deseo de muchas familias que han sufrido deportación de alguno/s de sus miembros por vivir la vida todos juntos. Lo que subyace en el hecho de que se haga el intento, con o sin éxito, de reunificar a la familia en México, o de emigrar nuevamente a Estados Unidos asumiendo los riesgos que ello conlleva. 2) La preferencia de muchas familias que han sufrido deportación de alguno de sus miembros de residir en Estados Unidos.

Por ello el interés de este trabajo es el análisis de las estrategias migratorias que realizan las familias mexicanas principalmente con el objetivo de lograr la reunificación en Estados Unidos. Antes de presentar el concepto de estrategias migratorias tras la separación por deportación en el que se fundamenta esta investigación, es oportuno recuperar algunos trabajos que consideramos han dado forma a la línea de investigación sobre estrategias migratorias.[11]

Wagner (2014) discute cómo las políticas restrictivas de Dinamarca para la formación de matrimonios o parejas transnacionales influyen en el desarrollo de estrategias de integración económica, sociocultural y política de tales parejas. Dado lo burocrático y difícil que resulta para las parejas transnacionales establecerse en Dinamarca, una de las estrategias es cambiar de residencia al país próximo —Suecia—, quien es ciudadano danés conserva su empleo en Dinamarca y se vuelve commuter. Por su parte, Pedone et al., (2014), analizan las estrategias de retorno, entendidas como estrategias transnacionales, para enfrentar la actual crisis económica en España. Exponen que las nuevas movilidades están siendo seleccionadas de acuerdo con una estrategia en la ubicación de los integrantes de la familia, que responde a una maximización de los recursos económicos: des-agrupaciones selectivas (retornos escalonados) y reagrupaciones selectivas, retornos voluntarios, entre otras.

Torre Cantalapiedra (2016) analiza cómo las políticas restrictivas y persecutorias de Arizona influyen en las estrategias de emigración interestatal de las familias mexicanas en dicho estado. El autor señala que cuando la estrategia migratoria engloba a todos los miembros de la familia —todos juntos se van a otro estado de Estados Unidos—, estos logran reducir la exposición a los riesgos y perjuicios particularmente altos de las políticas antiinmigrantes en Arizona, disminuyendo su miedo y estrés en relación con la posibilidad de ser deportados y a que se produzca la separación familiar. Méroné y Torre Cantalapiedra (2020) analizan las estrategias de las familias haitianas en República Dominicana para minimizar los efectos sobre sus hijos de las políticas de nacionalidad restrictivas, mediante la obtención de documento oficiales de República Dominicana para sus hijos y la asistencia a escuelas tanto dominicanas como haitianas.

Todas estas investigaciones, en mayor o menor medida, muestran que las familias pueden constituir estrategias migratorias exitosas con el fin de sortear las políticas inmigratorias restrictivas y persecutorias. Asimismo, se puede observar que enfatizan dos aspectos: 1) la elección de los lugares de residencia que permiten maximizar los rendimientos económicos y no económicos de los migrantes y sus familias; y 2) la manera en que se producen las migraciones para alcanzar o permanecer en los destinos pretendidos aun a pesar de las barreras interpuestas por las políticas migratorias.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, denominamos, estrategias migratorias tras la deportación, al conjunto de decisiones y acciones que las familias despliegan respecto a la localización de sus miembros presente y futura, una vez acaecida la deportación de alguno de ellos, y dentro de sus posibilidades económicas y legales, con el objetivo de maximizar los recursos económicos con los cuáles mejorar sus vidas y minimizar el tiempo en que los miembros están separados o lo que es lo mismo maximizar el tiempo que pasan su vida juntos. Las principales acciones que incluyen estas estrategias son nuevos desplazamientos que realizan los miembros de las familias hacia Estados Unidos o hacia México, incluyendo los que se realizan hacia las ciudades fronterizas en territorio mexicano.

Dado que el interés de este trabajo son las estrategias migratorias tras la deportación, enfatizamos en el análisis el lugar de residencia (México y/o Estados Unidos) a lo largo del tiempo. Esto nos permite observar en cada momento si los integrantes de las familias viven juntos o separados, y, asimismo, situar los eventos relevantes para el análisis (deportaciones, reunificaciones, migraciones internas, entre otros) en el momento específico en que estos suceden en sus vidas —con qué edad y qué etapa del ciclo de vida familiar— así como en el tiempo histórico.[12]

Estrategias migratorias tras la separación familiar por deportación

En este apartado, con base en diez entrevistas semiestructuradas realizadas a mexicanos deportados[13] por las autoridades estadounidenses, cinco mujeres y cinco hombres, se presentan y analizan las estrategias migratorias tras la deportación. En las entrevistas se recuperó la historia migratoria y familiar de la persona deportada, y del resto de integrantes de su familia, antes y después del punto de inflexión (turning point) en sus vidas que supone la deportación. Asimismo, se les preguntó sobre sus expectativas migratorias y familiares futuras. Antes de pasar al análisis de las estrategias propiamente dichas se presenta una breve caracterización de los entrevistados y sus familias.

La selección de los entrevistados se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios: 1) que la persona deportada por las autoridades estadounidenses sea el padre o madre en una familia nuclear con hijos donde todos ellos hubieran residido en Estados Unidos; y 2) que la persona deportada llevara residiendo en Estados Unidos al menos diez años. Estos criterios nos permiten asegurar que entre los entrevistados y los otros miembros de sus familias existen lazos fuertes (vínculos conyugales o paternofiliales), y poder analizar la estructura del hogar familiar más frecuente entre la población mexicana en Estados Unidos —la familia biparental con hijos. Cabe destacar que, aunque la relación conyugal hubiera terminado —ya sea con anterioridad o con posterioridad a la deportación—, las relaciones paternofiliales, basadas en un vínculo de la sangre, pueden seguir presentes. Asimismo, garantizamos que se trate de personas que tuvieran una amplia experiencia de residir en Estados Unidos, por tanto, se espera que con un mayor deseo de continuar en aquel país.

En el cuadro 2 se muestran las características de los entrevistados y de sus familias. Como puede observarse, al momento en que se produce la última deportación, en seis de los casos los progenitores ya no mantienen una relación pareja. Asimismo, en siete de ellas el estatus migratorio de los padres es diferente.

Cuadro 2. Características generales de los entrevistados y de sus familias, al momento de la última deportación

Hogares Total
Número de hogares 10
Mantienen relación de pareja*
   Sí 4
   No 6
Estatus migratorio de los padres
   Ambos progenitores están en situación irregular 3
   Estatus migratorio diferente 7
Número promedio de hijos 2.6**
Familias con al menos un hijo que es:
  No ciudadano 0
   Ciudadano 9
Individuos Hombres Mujeres
Número de entrevistados 5 5
Edad promedio 36.6 35.4
Años promedio de residencia en Estados Unidos 29.5 18.2
Años promedio de separación familiar (al momento de la entrevista) 5.6 5.6

* Mantienen relación de pareja con el primer cónyuge con el que tuvieron hijos. Algunos de los entrevistados rehicieron su vida con otra persona.

** Se incluyen los hijos del entrevistado, aunque fueran con más de una pareja. Adicionalmente, un migrante deportado fue separado de su esposa embarazada de siete meses.

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas en 2016 y 2017.

El promedio de hijos por familia era de 2.6 hijos, sin contar que cuando fue deportado uno de los entrevistados quedó separado de su mujer embarazada de siete meses. Todas las familias entrevistadas contaban con estatus migratorio mixto[14] ya que todas ellas tenían al menos un hijo ciudadano de Estados Unidos (o en su caso, lo estaban esperando) y un progenitor inmigrante en situación irregular o residente permanente legal que fue deportado. En ninguno de los hogares encontramos participantes en el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

Los entrevistados fueron deportados entre 2002 y 2017, años en los que se produjeron cifras elevadas de deportaciones (como se puede apreciar en la gráfica 1 de la primera sección, en 2002 eran de aproximadamente 165 mil personas y para 2012 ya habían superado las 400 mil). Asimismo, son años en lo que regresar a Estados Unidos es cada vez más costoso económicamente y riesgoso para la integridad física.

Grafica 1. Deportaciones formales, 1990-2015

Fuente: elaboración propia con base en los datos de United States, Department of Homeland Security, Office of Immigration Statistics, (2016, p. 103).

Las razones de la deportación son variadas, aunque alguno de los entrevistados cometió algún delito de mayor gravedad, por el cual acabó en prisión cumpliendo la pena correspondiente, en su mayoría fueron por la comisión de ofensas menores relacionadas con infracciones de tránsito —por ejemplo, no haber pagado las multas de tráfico (tickets)—, conducir sin licencia estadounidense, consumo de drogas, relacionado con el no cumplimiento de las leyes de migración, entre otros.

Al momento en que se produce la deportación, las mujeres se encuentran en un rango de edad de 27 a 46 años, tres de ellas vivían en el estado de California, una en Carolina del Norte y otra en Arizona. Con un rango de tiempo de residencia en Estados Unidos que va desde los 11 hasta los 30 años. Con relación al lugar de origen, tres mujeres son originarias de la zona histórica de la migración, una de la zona centro y una de la fronteriza.[15]

Por su parte, los hombres fueron deportados en un rango de edad de entre 20 y 57 años. La mayoría vivió en el estado de California, sólo uno de ellos reportó haber vivido en Illinois. El tiempo que mencionan haber vivido va desde 18 años hasta 51. En relación con el lugar de origen, tres de ellos provienen de la zona histórica y dos de la zona fronteriza.

Dos por uno: la estrategia de Tijuana como residencia

Ante la imposibilidad de la reunificación familiar inmediata en Estados Unidos, algunos de los entrevistados deciden establecerse en ciudades fronterizas como Tijuana para mantener la relación con sus seres queridos, dado que la cercanía les permite reunirse para contactar cara a cara.

Claudia fue deportada con 43 años en el año 2011 tras 17 años viviendo en Estados Unidos, desde entonces y aun a pesar de que sus hijos son mayores de edad, vive agobiada por no poder ver a sus dos hijos (hijo e hija). Dado que tiene vetada la vía legal para internarse en Estados Unidos —pues se le prohibió la entrada de por vida debido al uso de documentación apócrifa para emplearse— y le da miedo realizar el cruce irregular de la frontera, decidió establecerse en Tijuana:

me fui con mi familia, al interior, estuve con ellos y un día decidí que no podía estar allá, que tenía que estar en la frontera porque me estaba perdiendo el poder ver a mi hijo, entonces decía si yo estoy en Tijuana, mi hijo puede salir, y por lo menos a él lo voy a ver y me regresé (a Tijuana) […] (Entrevista con Claudia, 48 años, activista, 2016).[16]

Su hijo, quien logró la residencia permanente legal y posteriormente la naturalización, la visita cada uno o dos meses, donde aprovecha a llevarle despensa y ropa. Sin embargo, le resulta mucho más complicado ver a su hija porque carece de documentos:

A ella solamente la he visto una vez […] (en) cinco años, la vi por medio del muro. El año pasado se expuso a venir y pues solamente estuvimos como 45 minutos y pues lo único que hicimos fue tocarnos el meñique por medio de la reja y […] Para mí fue como si hubiera vuelto a salir el sol en mi vida, haber visto a mi hija y […] Al mismo tiempo fue agridulce, el tener que despedirnos y no saber cuándo nos íbamos a volver a ver […] (Entrevista con Claudia, 48 años, activista, 2016).

El relato de Claudia muestra que no sólo la distancia es fundamental a la hora de mantener contacto cara a cara, sino cómo los documentos legales de los hijos marcan una diferencia crítica en el mantenimiento de estas “visitas transfronterizas”. Otra de las ventajas que los migrantes perciben de fijar su residencia Tijuana, ya sea de manera temporal, es ser punto de partida para realizar un cruce irregular. Incluso después de que la ciudad fronteriza y sus zonas aledañas perdieron su estatus de zona fronteriza de mayor paso de migración irregular hacia el vecino país.

Valentina, tras 11 años viviendo junto con su marido y dos hijas en Estados Unidos, decidió retornar a México voluntariamente tras sufrir violencia que su marido ejercía sobre ella y sobre sus dos hijas. Sin embargo, por falta de adaptación de ella y de sus hijas a vivir en México, decidió mandar a las niñas nuevamente con el padre y ella tratar de cruzar de forma irregular. En uno de los intentos fue detenida, encarcelada y deportada en 2010, tras lo cual decidió establecerse en la frontera norte:

de Guanajuato me vine para acá a Tijuana y pues yo en la desesperación, porque en realidad no tenía quien me ayudara para cruzar […] Pero yo decía, yo me cruzo a ver cómo le hago […] (Entrevista con Valentina, 32 años, desempleada, 2016).

En busca de la reunificación en Estados Unidos: navegando entre las vías legales de ingreso y las modalidades de cruce irregular

A lo largo de sus vidas, todos los migrantes entrevistados sufrieron una o más deportaciones —ya sea la propia o la del cónyuge—, tras las cuales la gran mayoría trató de lograr la reunificación familiar en Estados Unidos, acudiendo a vías legales de ingreso y a diferentes modalidades de cruce irregular. Sin embargo, los migrantes que pueden elegir la manera sobre cómo llevar la reunificación, escogen aquélla de acuerdo con sus preferencias y circunstancias.

Claudia nunca realizó un cruce irregular para estar en Estados Unidos, y sus hijos no deseaban que se arriesgase a realizar un cruce de esa manera. Trató de lograr la reunificación de su familia a través de la vía legal, una visa tipo U. Desafortunadamente la respuesta no fue la que esperaba:

cuando me dijeron que no, recuerdo claramente que de verdad se me fue la vista por unos segundos quedé a oscuras, no veía nada […] (titubea). Fue un shock tremendo para mí cuando escuché ‘estas castigada de por vida’ era como una sentencia a muerte prácticamente para mí […] (Entrevista con Claudia, 48 años, activista, 2016).

Otra de las entrevistas evidencia uno de los elementos que los inmigrantes consideran relevantes para escoger entre las vías legales de ingreso y las modalidades de cruce irregular: el tiempo de separación familiar. Fernando, deportado en 2017 con 20 años de edad y 18 años viviendo en Estados Unidos fue separado de su esposa ciudadana estadounidense embarazada de siete meses de su primera hija. Mientras, su tía le recomienda seguir la vía legal y esperar cinco años para que su esposa lo “pueda pedir”, pero él no quiere estar con su familia:

A mí lo que me importa es estar con mi esposa y mi hija porque tanto tiempo estaba yo solo, mis papás se fueron a Fresno cuando yo tenía 17 años, tanto tiempo yo estuve solo, uno necesita de mamá o papá, yo tenía que arreglármelas para pagar la renta para pagar mi comida y siento que es mi responsabilidad […] cuidar a mi esposa y mi hija (Entrevista con Fernando, 20 años, trabajador de centro de llamadas, 2017).

Los más de cinco años de separación familiar de Fernando serían en la etapa del ciclo de vida familiar crítico, es decir, en cuanto a las necesidades de acompañamiento durante embarazo y de los cuidados de la recién nacida. Otro caso que permite dar cuenta de las implicaciones relativas al tiempo de cada una de las opciones de ingreso es el de Josué, quien fue deportado en dos ocasiones, una en 2004 y otra en 2009. En la primera de las ocasiones tuvo la oportunidad de regresar de manera irregular y sencilla a Estados Unidos con su familia (esposa y dos hijos). Josué simplemente cruzó por la garita de San Ysidro: “era muy fácil en esos tiempos para cruzar […] ni te preguntaban nada en ese tiempo”. La segunda vez que lo deportaron decidió intentar regresar por la vía legal:

decidí hacer las cosas por las buenas porque ya estaba involucrado con una organización y pensé que iba a ser fácil, pero pues no, no ha sido fácil, ya son más de seis años […] Pero pues ya parece que se están arreglando las cosas (Entrevista con Josué, 39 años, activista, 2016).

La menor presión que siente por la reunificación tiene que ver con que en estos seis años de separación se produjo la separación conyugal y con el hecho de que su exesposa le llevaba a su hija a Tijuana para que la pudiese ver “a veces cada dos meses, a veces dos veces por mes, la traía mucho”. Inclusive la separación física de la pareja puede llegarse a considerar como positiva si la relación de pareja, como en el caso de Josué, no iba bien.

En ocasiones los migrantes mexicanos deportados prueban una de las opciones, por ejemplo, las vías legales de ingreso, pero tras agotarla se ven abocados a probar las modalidades de cruce irregular, y viceversa. Mayra fue deportada por última vez cuando tenía 46 años en el año 2009, tras tres décadas viviendo en Estados Unidos. Aunque su relación conyugal había terminado con anterioridad a la deportación y sus hijos eran ya adultos (hija de 23 años e hijo de 28 años) seguía manteniendo una relación cordial con su expareja y el deseo de estar con su familia junto a sus hijos y a su nieta en aquel país. Así que, tras ser deportada, primero intentó una vía legal para regresar a Estados Unidos, pero:

no califico para que mis hijos me pidan […] (Entrevista con Mayra, 53 años, trabaja en una lavandería, 2016, [énfasis nuestro]).

Es por ello por lo que trató de realizar un cruce irregular a través de la garita de San Ysidro:

Llegué, entonces el oficial pues me cachó que no me parecía o equis, no sé, no sé qué pasó […] El caso es que la escaneó y pues ahí está eso fue como a las seis de la tarde y otro día en la mañana me echaron pa’ fuera, ahí dormí (Entrevista con Mayra, 53 años, trabaja en una lavandería, 2016).

Después de ese intento de cruce fallido, Mayra regresó a las vías legales, esta vez por medio de una demanda colectiva. Pero tiene miedo de que le digan que no, por haber usado los papeles de otra persona para intentar cruzar.

Al analizar el historial de deportación de los entrevistados se observa que sus estrategias varían sustancialmente en función de las políticas presentes en cada momento histórico y las dificultades para el reingreso son mayores a medida que la experiencia migratoria acumula deportaciones y las políticas inmigratorias se endurecen. Antonio fue deportado en tres ocasiones en 1996, 2012 y en 2013. La primera vez no tuvo problemas para regresar, fue deportado el mismo año en que se produjeron grandes cambios en la política migratoria con la aprobación de IIRIRA y AEDPA. La segunda, con 28 años, le condujo a un fallido cruce y una reunificación familiar que acabó en una tercera deportación tras ocho meses de prisión y con una separación conyugal. Tras casi tres décadas de vida en Estados Unidos tuvo que separarse de su esposa y cinco hijos menores de 18 años (todos ellos ciudadanos estadounidenses). A la par de sus últimos intentos de cruce irregular su esposa intenta “arreglarle los papeles”.

Aunque el cruce irregular aparenta ser una posibilidad de reunificación rápida, la realidad es que el coste y dificultades actuales del mismo supone la necesidad de una cantidad recursos considerables, por lo que muchos migrantes deben regresar a sus regiones de origen o migrar internamente en búsqueda de empleo. La separación familiar se sobrelleva en estos casos por la expectativa de que ésta sea sólo sea algo temporal. En el caso de Antonio, la necesidad de recursos para el cruce irregular le condujo primero a su Aguascalientes natal, después a establecerse en Tijuana:

‘¡hey! estoy acá la frontera’, (ella me contestó), ‘no quiero que te pases.’ Entonces le habló a un señor aquí, […] porque yo ya me iba regresar para atrás a Aguascalientes nuevamente, y él […] Hablé con él me dijo ‘no, yo tengo un taller aquí en Tijuana, si quieres vente, yo te doy trabajo ahí (Entrevista con Antonio, 30 años, trabaja en taller mecánico, 2016).

Reunificación en México ¿final del camino?

En el año 2001, Andrea junto a su marido, recién casados, emprendieron su viaje al Norte desde su lugar de origen (Sinaloa) a Phoenix (Arizona). Para ella hubiera sido muy difícil quedarse sola, por lo que aceptó asumir los riesgos que implica el cruce por el desierto para irse con él. En el año 2010 su marido es deportado después de una parada de tráfico, tras lo cual toda la familia termina de vuelta a Sinaloa. En este caso, no sólo el momento histórico de políticas antiinmigrantes jugó en contra de esta familia, sino particularmente el lugar de Estados Unidos en el que residían. Arizona destacó en esos años por sus políticas perjudiciales para los inmigrantes en situación irregular. Adaptarse de nuevo a la vida en Sinaloa, es difícil, particularmente para los hijos que nacieron y se criaron en Estados Unidos:

de hecho, ahora el más grande me dice ‘mami yo me quiero ir a estudiar, mami yo me quiero ir’ y la niña también ‘yo quiero irme’, me decía ‘me quiero ir a estudiar allá’ ‘yo qué más quisiera hijos, pero no se puede porque no tenemos con qué pasar, no tenemos’ ‘¿Cuándo? ¿Cuándo?’ ‘pues no sé’, yo le digo al más grande ‘tú cuando estés, cuando tengas la mayoría de edad, tú puedes arreglarlos, tú nos puedes pedir, le digo y así no batallamos nosotros’ […] ‘es lo que voy a hacer mami’ me dice, pues porque es difícil, muy difícil, él lo que quiere es estudiar allá que dice que le gusta, le gustaba en ese entonces la escuela, que la escuela es mejor allá que aquí, él ve las cosas de cómo estamos aquí y a como estábamos allá pues (Andrea, 38 años, ama de casa, 2016).

Además, son varios los quebraderos de cabeza que supone para la familia vivir en Sinaloa en relación con los hijos. Por un lado, tienen el miedo a los secuestros y a la violencia en general que sufre dicha entidad federativa. Por otro, por las dificultades burocráticas y elevados costos que supone el trámite de la doble nacionalidad, sus tres hijos nacidos en Estados Unidos carecen de la Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento mexicana, lo que lamentablemente implica que los hijos no accedan al seguro médico.

La idea de volver a Estados Unidos no es solo para el futuro lejano de la vía legal de reunificación a petición de los hijos con ciudadanía. El nuevo intento de emigrar allá se produce en poco tiempo. Irónicamente, el marido, quién causó el regreso de Andrea, ahora quiere emigrar solo. Ella nuevamente quiere que lo intenten juntos:

yo estaba en Tijuana con mi mamá y él se vino y, ah, pues me decía ‘me voy a ir’ ‘¿A dónde?’ ‘a Phoenix’ me decía, ‘espérame, espérame’ le decía yo ‘yo me voy, yo me voy también’. ‘No, como te vas a regresar, cobran mucho, cobran mucho los coyotes, es demasiado caro’ ‘yo me quiero ir contigo´. Yo le dije: ‘yo no me quiero quedar aquí’ y me dice ‘pero es que demasiado dinero que se tiene que pagar’, ‘a ver cómo le hacemos, pero pagamos, pero yo no me quiero quedar aquí’ le digo, ‘yo sola con los tres niños’. Y dijo “pues te vas tu’, ‘no, yo me quiero ir contigo’ le decía yo, ah, pues esta última vez que se fue, pues se fue y lo deportaron […] lo agarraron ahora la última vez y le dije yo ‘¿te acuerdas que te dije que no te fueras? […] ¿te acuerdas?’ dijo ‘tú me echaste la mala sal’ ‘tú sabes porque no pudiste pasar, a lo mejor faltaba yo’ ‘no le hace’. ‘Pues, ¡sí! te acuerdas cuando nos fuimos los dos, que bien que pasamos, dos veces, las tres veces que nos hemos ido las tres veces hemos pasado’. y me dice ‘Si es cierto.’ Le dije: ‘no debiste haberte ido’, le dije: ‘ah pues ahora ya me quedé yo, ¡ay! como me gustaría estar allá, trabajar allá, no estar batallando tanto ¿verdad?’ (Andrea, 38 años, ama de casa, 2016).

El relato de Andrea ejemplifica las dificultades por las que pasan las familias para reunificarse en México tras la deportación de uno de sus miembros; las necesidades de estar juntos, sobre todo de ella de estar junto a su marido; y que aun cuando se toma la decisión de reunificarse acá, el Norte siempre está latente como promesa de una vida mejor para ellos y para sus hijos.

Reflexiones finales

La historia de las migraciones entre México y Estados Unidos ha entrado en la “era de las deportaciones y de la separación familiar”, en la cual las políticas de control migratorio han: i) criminalizado la figura del inmigrante en situación irregular, ii) han supuesto un auge continúo y prolongado de las cifras de deportaciones y de las separaciones familiares y iii) han dificultado sustancialmente, o incluso imposibilitado en ocasiones, que puedan producirse reunificaciones familiares en territorio estadounidense.

En respuesta a este ambiente de políticas antiinmigrantes, las familias desplegaron estrategias migratorias que pretenden reducir el malestar generado por la separación familiar por deportación, y en su caso, lograr la reunificación en Estados Unidos. Una de las estrategias analizadas es la de fijar la residencia en algún espacio de la zona fronteriza, por ejemplo, Tijuana, lo cual permite a las familias mantener un contacto cara a cara más frecuente, a la par que es un lugar que consideran puede facilitar emprender un nuevo cruce irregular a Estados Unidos.

Otras de las estrategias analizadas es acceder a vías legales de ingreso (reunificación familiar, demandas colectivas, visas U, entre otras) o a alguna modalidad cruce irregular (cruzar contratando a coyotes, cruzar con documentos apócrifos por las garitas, entre otras) para lograr la reunificación familiar en Estados Unidos. Cuando las familias tienen la posibilidad de elegir entre ambas opciones lo hacen en función del tiempo que estén dispuestos a estar separados, los recursos económicos y legales a los que tengan acceso, y su mayor o menor aversión a los riesgos que implica el cruce irregular, entre otros. El cruce irregular es una vía relativamente rápida de lograr reunir a la familia, por tanto, minimiza la separación familiar, pero puede implicar consecuencias nocivas en el futuro (por ejemplo, el encarcelamiento). Asimismo, en la mayor parte de las ocasiones implican un cruce de la frontera repleto de riesgos sociales (robos y asaltos, etcétera) y relativos a la naturaleza (ahogamientos, estar expuestos a frío y calor extremos, entre otros) (El Colef et al., 2020; Torre Cantalapiedra y Hernández Campos, 2021). El ingreso por una vía legal, vetada para muchos, resulta por lo general una vía muy lenta y llena de incertidumbres.

Finalmente, la reunificación en México tras la deportación de alguno de los integrantes de esta no necesariamente es el final del camino para las familias mexicanas cuyo deseo establecerse en Estados Unidos. Siendo que en muchos casos sus hijos son ciudadanos de aquel país y eventualmente querrán regresar al mismo.

La investigación muestra que las estrategias varían en función de las políticas presentes en cada momento histórico, la edad y el estatus migratorio de los integrantes de la familia. En varios de los relatos de los entrevistados se evidencia que las familias se movían a través de la frontera internacional con relativa facilidad en décadas anteriores, por lo que los primeros cruces con o sin documentados o las reunificaciones tras la deportación eran relativamente sencillos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo los migrantes entrevistados enfrentaron cada vez mayores dificultades y desincentivos para realizar nuevos cruces debido a: primero, a las nuevas políticas de control fronterizo y de deportación con consecuencias; segundo, al historial de deportación y castigos que varios entrevistados van acumulando a lo largo de sus vidas, por más de que no se trate de verdaderos criminales. Aunque no son concluyentes, los resultados del análisis apuntan a que efectivamente un nuevo cruce resulta cada vez más difícil para los inmigrantes entrevistados y que se acrecienta el temor a las consecuencias de éste; por lo que la duración de las separaciones familiares podría ser mayores, o incluso llegan a convertirse en permanentes.

En lo referente al estatus migratorio destaca: primero, que la estrategia de establecerse en la región fronteriza para mantener el contacto con los hijos es más efectiva cuando los familiares en Estados Unidos tienen documentos legales que les permiten cruzar la frontera en ambas direcciones. Segundo, la reunificación familiar para quienes tienen familiares ciudadanos en Estados Unidos es una opción que requiere armarse de recursos, tiempo y mucha paciencia, lo cual no siempre es compatible con los planes familiares.

Futuras investigaciones podrán contrastar estos resultados preliminares ahondando en cómo varían las estrategias migratorias tras la deportación en función de la edad y el estatus migratorio de los integrantes de la familia, la etapa del ciclo de vida familiar y las políticas inmigratorias que existen en cada tiempo histórico. Además, el análisis de las estrategias migratorias siguiendo un enfoque de género sería de gran interés. También resulta de interés estudiar con mayor detalle cómo el endurecimiento de las políticas inmigratorias está suponiendo no sólo un aumento en las cifras de separaciones familiares sino cambios en términos de la duración de éstas y de las consecuencias negativas que conllevan.

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[1] Véase el vídeo musical de La Santa Cecilia interpretando “ICE El Hielo” en: https://www.youtube.com/watch?v=0lNJviuYUEQ.

[2] Entendemos por deportaciones formales (removals) a la expulsión de Estados Unidos mediante una orden formal de deportación de una persona considerada inadmisible o deportable por aquel país.

[3] Véanse, por ejemplo, Hagan et al., (2008); Hagan et al., (2010); Hagan et al., (2011); Dreby, (2012); Ruiz Marrujo, (2014); París Pombo y Peláez Rodríguez, (2015).

[4] En este trabajo por “separación familiar”, o simplemente separación, nos referimos a la separación física en la que se encuentran los miembros de la familia nuclear a ambos lados de una frontera internacional, lo que impide, o dificulta enormemente, que puedan mantener el contacto cara a cara. Por su parte, por “estar juntos”, nos referiremos a la corresidencia —vivir bajo un mismo techo— o a la separación física de los miembros de la familia que no impide que estos reúnan de manera relativamente sencilla y frecuente para interactuar cara a cara, por tanto, sin que se interpongan barreras administrativas ni que se tengan que soportar elevados costes económicos. Por lo que, a efectos de esta investigación, la disolución de la pareja —por ejemplo, por un divorcio— y la no corresidencia de los padres no implican necesariamente que estemos ante una separación familiar.

[5] Véanse, por ejemplo, Dreby, (2012); Ruiz Marrujo, (2014); París Pombo y Peláez Rodríguez, (2015); Rodríguez Gutiérrez, (2016); Torre Cantalapiedra y Rodríguez Gutiérrez, (2019); Ibarra González y Vargas Valle, (2021).

[6] También existe la posibilidad de que en una misma familia haya al mismo tiempo más de un miembro padeciendo una deportación.

[7] La conocida militarización de la frontera (operaciones fronterizas, aumentar el número de agentes de la patrulla fronteriza, construir muros y bardas), mejoras en el control de visados, entre otras.

[8] Detectar, detener y deportar —en mayores cifras y con un orden de remoción— a los inmigrantes en situación irregular, criminalizar la presencia de estos, recabar el apoyo y mayor participación de los entes subnacionales para aplicar las leyes de migración, implementar el sistema de verificación de empleo E-Verify, criminalizar la migración, mejorar los sistemas de información, entre otras.

[9] La deportabilidad es la condición de estar sujeto a la deportación, por lo tanto, se expulsa forzosamente al país de origen (De Genova, 2002). Los “deportables” son aquellos migrantes que son considerados indeseables, con independencia de los lazos sociales y familiares que hayan forjado con la sociedad de receptora (Peutz y De Genova, 2010).

[10] Así, las investigaciones sobre separación familiar debidas a la migración internacional han analizado: 1) los efectos de la separación sobre la vida de los hijos; 2) los retos de la paternidad/maternidad a distancia; 3) los vínculos entre la separación y la anhelada reunificación, entre otros.

[11] Wagner, 2014; Pedone et al., 2014; Torre Cantalapiedra, 2016; Méroné y Torre Cantalapiedra, 2020.

[12] En este punto se retoman, y adaptan a nuestros intereses de investigación, el concepto de la perspectiva de curso de vida: lives and historical times en Elder Jr., 1994.

[13] En uno de los casos, la persona entrevistada fue la esposa del deportado.

[14] Esto es familias que están integradas por personas con diferentes estatus: ciudadanos, residentes permanentes, jóvenes con DACA y personas en situación irregular.

[15] De acuerdo con la clasificación de regiones de expulsión de Durand y Massey, (2003).

[16] Los nombres utilizados son ficticios para preservar la confidencialidad, asimismo se señalan la edad y el empleo al momento de la entrevista y año de la entrevista.


 

  1. Mexicana. Maestra en Estudios de Población por El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), México. Coordinadora del Programa Nacional de Movilidad Humana de Ayuda en Acción, México. Líneas de investigación: movilidad humana en las fronteras, desplazamiento interno, migración y familia. Contacto: mar.96901@gmail.com.

  2. Español-mexicano. Doctor en Estudios de Población por El Colegio de México (EL COLMEX), México. Investigador por México del CONACYT en El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), México. Líneas de investigación: migración internacional, políticas migratorias, refugio, patrones migratorios. Contacto: etorre@colef.mx.