El “Plan operativo de atención a la población migrante ante la COVID-19” y su implementación en los albergues para migrantes en Tijuana, México

Segunda época, número 12, julio-diciembre 2021, pp. 98-124.

Fecha de recepción: 26 de marzo de 2021.
Fecha de aceptación: 28 de junio de 2021.

Autora: Chantal Lucero-Vargas.1

Resumen

Por su ubicación geográfica, la ciudad de Tijuana, Baja California, acoge diariamente a cientos de migrantes, los cuales, derivado de las recientes políticas restrictivas en materia de asilo y el cierre de fronteras a causa de la COVID-19, se han visto en la necesidad de permanecer en esta localidad de forma indefinida. En este escenario donde la capacidad del gobierno se ve rebasada para brindarles la atención mínima necesaria, los albergues se han vuelto un actor esencial para atender estas necesidades. Por lo anterior, el presente trabajo busca explorar cómo han atendido los distintos albergues de migrantes en la localidad los protocolos de actuación y el Plan operativo de atención a la población migrante ante la COVID-19, haciendo hincapié en el apoyo que éstos han obtenido de distintas organizaciones internacionales, así como de la sociedad civil para sobrellevar la pandemia.

Palabras clave: población migrante, vulnerabilidad, albergues, sociedad civil, COVID-19.

The “Operational plan for the care of the migrant population in the face of COVID-19” and its implementation in shelters for migrants in Tijuana, Mexico

Abstract

Due to its geographical location, the city of Tijuana, Baja California, welcomes hundreds of migrants daily, which, derived from the recent restrictive asylum policies and the closure of borders due to COVID-19, have been forced to remain in this locality indefinitely. In this scenario, where the government’s capacity is exceeded to provide them with the minimum necessary care, shelters have become an essential actor in meeting these needs. Therefore, this work seeks to explore how the different migrant shelters in the locality have implemented the action protocols and the operational Plan for the care of the migrant population in the face of COVID-19, emphasizing the support they have obtained from different international organizations, as well as civil society to cope with the pandemic.

Keywords: migrant population, vulnerability, shelters, civil society, COVID-19.

Introducción

La ciudad de Tijuana es una de las ciudades más importantes para hablar del fenómeno migratorio en la frontera norte de México. Su localización estratégica en el noroeste del país, la hace un punto atractivo para el cruce de miles de personas migrantes que llegan año con año a esta localidad intentando llegar hacia el vecino país del norte en busca del “sueño americano”. En los últimos años, estos flujos migratorios masivos han encontrado distintas barreras que les han impedido cruzar hacia los Estados Unidos. Gran parte de estas restricciones devienen en gran medida del incremento de la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos y el endurecimiento de sus políticas migratorias, sobre todo en materia de asilo con la finalidad de evitar el ingreso de la migración irregular. En este contexto y como una medida para desalentar las peticiones de asilo realizadas en los puntos de internación fronteriza a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, a finales de enero de 2019 se implementaron los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP),[1] conocido en México como el programa “Quédate en México”. Este programa fue una acción del gobierno de Estados Unidos mediante el cual ciertas personas extranjeras que ingresaban o buscaban admisión a dicho país desde México, de forma irregular, podían ser devueltas a México para esperar la resolución a su solicitud de admisión (asilo) (Cardiel y Lucero-Vargas, 2020).

Estas medidas de control sobre la migración irregular se vieron robustecidas con la propagación del virus SARS-CoV-2, situación decretada como pandemia el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Valiéndose de esta declaratoria, el gobierno de los Estados Unidos anunció, en ese mismo mes, el aplazamiento de las audiencias recaídas bajo el programa MPP. Lo anterior repercutió en las personas que estaban esperando una respuesta a sus peticiones de asilo bajo este programa ya que se vieron en la necesidad de permanecer en la entidad en lo que reanudaban el procedimiento de sus resoluciones de asilo. A lo anterior se sumó, en abril de ese mismo año, la declaratoria de la aplicación del “Titulo 42” con la finalidad de expulsar a personas de forma inmediata por considerar que eran una amenaza para la salud pública de los Estados Unidos.[2]

Las anteriores medidas lograron el cometido de disminuir la migración irregular hacia Estados Unidos, por lo menos de forma temporal, a la par que exacerbaban la complicada situación que los migrantes vivían en la frontera norte del país, trayendo como consecuencia el robustecimiento de la precarización entre la población migrante de la localidad. En este escenario donde la ciudad de Tijuana pasa a ser una ciudad de tránsito de migrantes a una ciudad de destino de migrantes, por lo menos de manera temporal, es menester satisfacer las necesidades básicas de esta población en la localidad, incluyendo servicios de salud ante la inminente presencia de la COVID-19. No obstante, ante la incapacidad del gobierno para satisfacer plenamente de estos derechos a la población migrante, la sociedad civil, principalmente los albergues de la localidad, se ha convertido en un actor esencial para satisfacer estas necesidades de atención básicas, incluyendo el acceso a la salud.

Bajo este contexto y a poco más de un año iniciada la pandemia por COVID-19, el objetivo del artículo es conocer cómo han atendido los distintos albergues para migrantes ubicados en la ciudad de Tijuana, las necesidades de atención básicas hacia esta población, sobre todo con relación a evitar la propagación de la COVID-19 dentro de sus instalaciones. Y cómo han implementado los protocolos de actuación, así como del Plan operativo de atención a la población migrante ante la COVID-19. Hacemos hincapié en el apoyo que éstos han obtenido de distintas organizaciones internacionales, así como de la sociedad civil para sobrellevar la pandemia.

El artículo toma como referente la información proveniente de una investigación de corte cualitativo en la que se realizaron entrevistas semiestructuradas a directoras/es de cuatro albergues en la ciudad de Tijuana, los cuales fueron seleccionados por la mayor capacidad que tienen para albergar a población migrante en contextos de movilidad.[3] Es importante aclarar que dos de ellos son albergues atendidos por personal religioso y reciben financiamiento de la iglesia católica, el primero de ellos (AOR1) atiende a todo tipo de población migrante, aunque últimamente ha aceptado familias con niñas/os; el segundo albergue (AOR2), atiende principalmente a mujeres que viajan solas o con sus hijos. Los otros dos son albergues financiados por donaciones de la sociedad civil: el primero (ASC1), atiende a todo tipo de población; mientras que el otro albergue (ASC2), atiende únicamente a población LGBTTIQ. Esta diversidad de grupos acogidos por los distintos albergues cobra relevancia en tanto nos interesa explicar cómo se manejaron durante la pandemia atendiendo a la población migrante en general y con necesidades específicas en particular, esto es, mujeres, niñas/os y personas pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ.

Las entrevistas se realizaron de la siguiente forma: dos de manera presencial, una vía telefónica y otra a través de la plataforma Zoom. Las entrevistas que no se realizaron de manera presencial fue porque en estos albergues se habían detectado casos de personas con síntomas vinculados a la COVID-19, por lo que el personal considero que no era prudente que ingresaran personas ajenas a las instalaciones por motivos de seguridad. Las entrevistas se dividieron en dos ejes principales: a) las acciones implementadas por los albergues al inicio de la pandemia y, b) las acciones para la implementación de los protocolos de actuación y el Plan operativo de atención a la población migrante ante la COVID-19 de la Secretaría de Salud (SS). Bajo este contexto, mostramos cómo los albergues se han adaptado para brindar atención a la población migrante ante la actual situación provocada por la pandemia.

El artículo se ha dividido en cuatro apartados: el primero aborda la configuración de la población migrante en el municipio de Tijuana, Baja California, en donde el grueso de la población la componen migrantes que tienen como destino final los Estados Unidos pero que se encuentran en una “estadía forzada” en la localidad; el segundo apartado se centra, precisamente, en la vulnerabilidad que presentan estas personas mientras se encuentran esperando en la localidad para cruzar al “otro lado”, y cómo su estadía crea necesidades específicas de atención en un contexto de pandemia; el tercer apartado aborda el papel de los albergues como actor clave para satisfacer estas necesidades básicas, y cómo éstos han logrado implementar, a la medida de sus posibilidades, los protocolos de actuación y el Plan operativo de atención a la población migrante ante la COVID-19; el último apartado aborda el papel fundamental de las organizaciones internacionales y la sociedad civil con relación al apoyo brindado a los albergues de la localidad, con la finalidad de hacer frente a esta contingencia sanitaria ante la poca o nula respuesta por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Configuración de la población migrante en Tijuana, Baja California

Es difícil saber la cantidad de personas migrantes que se encuentran en la ciudad de Tijuana, sobre todo porque muchas están en movilidad, sin embargo, una forma de aproximación a la magnitud de la dinámica migratoria de la región Tijuana-San Diego, es a través del análisis de las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria (UPM) del Gobierno de México, dependiente de la Secretaría de Gobernación, así como de las estadísticas del Gobierno de los Estados Unidos elaboradas por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Al analizar los datos de eventos de detenciones de personas en situación irregular en la ciudad de Tijuana, se pudo observar que, durante el mes de enero de 2020 y el mes de febrero de 2021, se presentaron en el estado de Baja California 2,435 eventos de presentación de extranjeros que se encontraban en el país sin los permisos correspondientes, de éstos, 1,722 eventos correspondían a detenciones que se realizaron en la ciudad de Tijuana (Gráfica 1) (UPM, 2020,2021).

Gráfica 1. Comparativo de eventos de detenciones de personas en situación irregular en Tijuana durante el periodo 2020-2021*

*Las cifras se contabilizaron hasta el mes de febrero de 2021.

Fuente: Boletines estadísticos mensuales de la Unidad de Política Migratoria (UPM), 2020-2021.

Esta última cifra puede resultar poco significativa, sin embargo, al compararla con la cifra de eventos de detenciones en el Condado de San Diego, las cosas toman otra dimensión. Al realizar la sumatoria de los eventos de detención de niñas, niños y adolescentes migrantes viajando en calidad de no acompañados, los eventos de detenciones por unidad familiar y los eventos de detención de personas adultas viajando sin acompañamiento, vemos que entre enero de 2020 y febrero de 2021 se presentaron 84,520 eventos de detención por parte de la patrulla fronteriza, cifra muy superior a las realizadas por su homóloga en el territorio mexicano (Gráfica 2).

Gráfica 2. Evento de detenciones por grupos de migrantes en el condado de San Diego, California, durante el periodo 2020-2021*

*Las cifras se contabilizaron con relación a los meses que conforman el año calendario 2020 y los dos primeros meses del año calendario 2021.

Fuente: Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), años fiscales 2020 y 2021.

En lo que respecta a los eventos de repatriaciones de mexicanos en Estados Unidos realizadas a través de la Garita de “El Chaparral”, durante el período de tiempo analizado, se ha alcanzado un total de 27,083 repatriaciones.[4]

Las cifras anteriores nos dan una idea de la dinámica migratoria que se vive diariamente en la región Tijuana-San Diego, dinámica que representa a miles de personas que, en algún momento, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, han transitado por esta municipalidad esperando presentarse en los puertos de entrada para solicitar asilo en Estados Unidos o extranjeros bajo el protocolo MPP esperando su resolución de asilo, así como por mexicanos desplazados internos en espera de solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos, y mexicanos deportados a través de esta frontera (Coubès et al., 2020).

Esta configuración migratoria se torna relevante primero por la vulnerabilidad a la que se ven expuestas estas personas “atrapadas en la movilidad” (Odgers y Olivas, 2019) y; segundo, por la necesidad de proveer y satisfacer a estas personas —mientras se encuentran en la localidad bajo la jurisdicción del Estado mexicano— de los servicios básicos para su subsistencia, lo que incluye el acceso a servicios de salud en el marco de la propagación de la COVID-19.

Vulnerabilidad y necesidades de atención a la población migrante

El contexto migratorio siempre se ha asociado a la constante vulnerabilidad que presentan las personas migrantes, sobre todo si éstas se encuentran en contextos de movilidad. Y últimamente en las zonas de estadía, principalmente en lo que se refiere a la frontera norte de México, dicha vulnerabilidad se traduce en ser blanco fácil del crimen organizado que opera en esta franja fronteriza. Al respecto y centrándose en las políticas de exclusión implementadas por el gobierno estadounidense en las últimas fechas, Blue et al. (2021), han señalado que éstas aumentaron aún más la vulnerabilidad ya experimentada por la población migrante al prolongar su espera en áreas de alta criminalidad y violencia de cárteles que controlan vastas redes de contrabando de drogas, personas y otros productos ilícitos a lo largo de las zonas fronterizas, a la par que secuestran, violan, torturan y matan sistemáticamente a migrantes vulnerables como parte de sus operaciones diarias. En este mismo sentido, Navarrete y Sánchez (2020) han señalado que la vulnerabilidad de los migrantes en la frontera norte de México —principalmente en Ciudad Juárez— se traduce en estafas, robos, secuestros, privaciones de libertad y tortura. Bojórquez et al. (2020) han manifestado que para las personas migrantes la llegada de la pandemia vino a exacerbar algunos problemas ya existentes y a crear otros nuevos como la pérdida de oportunidades de trabajo, el endurecimiento de controles de movilidad, la ralentización de los trámites migratorios y la falta de consideración a sus necesidades por parte de los gobiernos. Sobre la misma línea, Navarrete y Sánchez (2020) han señalado que la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan los migrantes en contexto de movilidad, solicitantes de asilo y refugiados, se han visto profundizadas por el cierre temporal de los negocios considerados como no esenciales, lo que repercute en la pérdida de ingresos y en su capacidad de satisfacer sus necesidades básicas como la renta de una vivienda, manifestando que las medidas tomadas por el gobierno para contener la propagación de la COVID-19 ha dejado a muchos de estos migrantes sin empleo, sin hogar o en una urgente necesidad de vivienda.

Con relación al papel que ha jugado el Estado mexicano en la atención a personas en contexto de movilidad o solicitantes de protección internacional ante pandemia, el mismo ha dejado mucho que desear, sobre todo en el tema de acceso a la salud. Giorguli (2020) ha manifestado que basta observar la situación de los migrantes internacionales frente a la pandemia para ver los actos de discriminación, los problemas de hacinamiento y las malas condiciones sanitarias de los migrantes y sus familias en campos de refugiados, estaciones migratorias o centros de detención, así como la problemática que enfrentan los migrantes para acceder a servicios de salud, tanto por su situación laboral sin acceso a prestaciones, como por la posible condición de la falta de documentación que les impide buscar asistencia médica o los cohíbe de hacerlo. Lo anterior visibiliza las desigualdades que enfrentan las poblaciones marginadas y con menores posibilidades (López-Jaramillo et al., 2021).

Ante la falta de políticas públicas que garanticen el acceso a la salud de la población migrante ante la presencia de la COVID-19, la sociedad civil organizada es quien viene a suplir la ausencia estatal y a diseñar estrategias para evitar situaciones vulnerables y de contagio entre las poblaciones migrantes (Garrido de la Calleja, 2021).

Hablando específicamente de los albergues para migrantes establecidos por la sociedad civil, Bojórquez et al. (2020) señalan que éstos tienen una larga tradición de apoyo a las poblaciones móviles, y en diversos momentos han sido la principal (o única) instancia que da respuesta a las necesidades de las personas en tránsito. En este mismo sentido, Sedas et al. (2020) han manifestado que, históricamente, las organizaciones de la sociedad civil —incluyendo grupos religiosos y organizaciones humanitarias sin fines de lucro— han sido los principales proveedores de servicios de salud para la población migrante en México, lo anterior, debido a la capacidad limitada del gobierno para atender a esta población. Sin embargo, la ayuda ofrecida por estas asociaciones civiles se ha visto mermada por el actual gobierno federal al instituir fondos federales a macro-albergues del gobierno y con ello retirando financiamiento federal a todas las ONG que brindan atención a la población migrante y operan albergues más pequeños.

Por lo anterior, los albergues que brindan atención a personas en contexto de movilidad o solicitantes de protección internacional se vieron en la necesidad de seguir brindando sus servicios al tiempo que cumplían con los señalamientos ordenados por las autoridades sanitarias con la finalidad de evitar la propagación de la COVID-19 entre la población atendida en sus instalaciones, convirtiéndolos en un actor clave para enfrentar esta emergencia sanitaria.

El papel de los albergues y la implementación del “Plan operativo de atención a la población migrante ante la COVID-19”

Actualmente la ciudad de Tijuana cuenta con 31 espacios de atención a migrantes compuestos por albergues, comedores y espacios diversos de atención para esta población (Coubès et al., 2020).[5] Sin embargo, de esta cifra, solamente 17 se encuentran registrados ante la Dirección Municipal de Atención al Migrante.

Los albergues son espacios donde las personas pueden acceder a un lugar para dormir y asearse además de recibir alimentación, en algunos casos brindan asesoría médica, legal y psicológica. No obstante, tienen una capacidad limitada. Si bien el Centro Integrador Carmen Serdán cuanta con la capacidad para albergar hasta 3,000 personas,[6] la capacidad de atención de la mayoría de los albergues en la localidad oscila entre 100 y 150 personas migrantes al día, cifra que se ha reducido por los embates de la actual pandemia por COVID-19.

Para hacer frente a esta nueva realidad, la mayoría de los albergues en Tijuana redujeron a la mitad su capacidad de atención, a la par que atendían las recomendaciones oficiales como la campaña de “sana distancia” y seguían los lineamientos para la aplicación de medidas preventivas, entre las que figuraban la suspensión de actividades consideradas como “no esenciales” que involucraran concentración física, así como el cumplimiento de medidas básicas de higiene consistentes en el lavado frecuente de manos, evitar saludar de beso, de mano o abrazo, así como evitar el contacto con otras personas (DOF, 2020).

Reducir la capacidad de atención de los albergues fue sólo el primer paso, adicionalmente a las recomendaciones de la Secretaría de Salud (SS), los albergues de la localidad también tomaron en consideración las recomendaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre las que se encuentran la creación de espacios de recepción y control de acceso, la creación de zonas de aislamiento y/o evacuación en donde ubicar a la persona sospechosa o confirmada de haber contraído el virus, evitar hacinamiento (más de 3.5 m2 por persona y estancia, garantizar un mínimo de 1.5 metros entre las personas), asegurar la ventilación natural de los espacios, así como disponer de espacios de aislamiento para personas posibles portadoras de la COVID-19 hasta recibir atención médica competente (ACNUR, 2020).

Empezamos a implementar la recomendación de la Secretaría de Salud y la recomendación también de las organizaciones internacionales como OIM, ACNUR, World Vision, Save The Children, Cruz Roja Internacional, de lo cual también nos empezó a llegar mucha información a los correos electrónicos, vía WhatsApp, llamadas telefónicas, de todo los que empezamos a percibir como medidas preventivas. La información que nos mandaba la Secretaría de Salud coincidía mucho con las recomendaciones que nos mandaban las organizaciones internacionales (Director AOC2, entrevista, Tijuana, 2021).

Las personas que estaban dentro de los albergues al momento de decretarse la suspensión de actividades pudieron quedarse en estos lugares, sin embargo, las personas que por primera vez iban a solicitar refugio ya no eran recibidas debido a que la mayoría de los albergues cerraron por completo sus puertas, lo que se llamó una estrategia de “puertas cerradas”, esto es, nadie podía entrar ni salir de sus instalaciones.

Las/los directoras/es de los cuatro albergues, coincidieron en que, después de reducir su capacidad de alojamiento a la mitad, lo primero que hicieron fue no aceptar a más personas de las que ya estaban atendiendo al momento de ser declarada la pandemia:

Hace un año se tomó la decisión de cerrar el albergue con la gente que estaba, no corrimos a nadie, tuvimos como cuarenta personas, la mayoría familias de Centroamérica, le explicamos que no sabíamos mucho de este virus, “pero ustedes son bienvenidos a quedarse hasta que abramos las puertas de nuevo” (Director de AOR1, entrevista, Tijuana, 2021).

Si bien ya no se estaban recibiendo nuevas personas para brindarles asistencia en los distintos albergues de la localidad, hubo casos de albergues que sí permitían la entrada y salida de personas migrantes, siempre y cuando fuera para realizar actividades esenciales. Con relación a los trabajadores, voluntarios y/o prestadores de servicio social en estos albergues, su tratamiento dependía de las normas establecidas en el albergue, por ejemplo, uno de los dos albergues dirigidos por personal religioso, cerró sus puertas a nuevos migrantes, mientras que algunos de sus voluntarios que decidieron seguir apoyando se mantuvieron dentro del lugar durante el periodo de confinamiento.

De los cuarenta se fueron diez porque decidimos que no hay entradas ni salidas “si te quedas en casa, te quedas en casa” y se fueron diez, nos quedamos con treinta, treinta y cinco personas, y mandamos a la mayoría del equipo a su casa, nos quedamos dos o tres para atender la puerta y el teléfono, y con voluntarios, tuvimos en este tiempo siete voluntarios internos que ni ellos pudieron salir a sus lugares (Director AOR1, entrevista, Tijuana, 2021).

Sin embargo, en el albergue que atiende a mujeres y a sus hijos, se tomó la decisión de retirar a todo el personal voluntario, quedándose únicamente la directora y otra persona a cargo de la atención de la población migrante en las instalaciones. Finalmente, y hablando de las organizaciones de la sociedad civil, en el albergue especializado en atención a la población migrante LGBTTIQ, se tomó la decisión de que las personas se quedaran en confinamiento, mientras el personal podía salir y entrar del albergue tomando las precauciones necesarias.

Con relación a la recomendación de confinamiento, es importante señalar que esta acción no fue bien recibida por algunos migrantes, los cuales decidieron salirse de los albergues. Las personas que sí aceptaron esta regla de no entradas/no salidas se quedaron confinadas ayudando con tareas propias como la limpieza de espacios, preparación de alimentos y la implementación de los protocolos básicos de higiene, principalmente. Un hecho a destacar fue que los migrantes con mayor edad o aquéllos que estaban en familia, entendieron mejor la necesidad de respetar este confinamiento, contrario a los migrantes más jóvenes. Por ejemplo, lo anterior se observó en el albergue especializado en población migrante perteneciente a la comunidad LGBTTIQ, el cual, al momento de la visita contaba en su mayoría con población migrante oscilando entre los 19 y 30 años. De 30 personas que se albergaban en dicha estancia al momento de empezar la pandemia, algunos meses después esta cantidad se vio reducida a 17 personas, lo anterior debido principalmente a que algunos migrantes no estuvieron de acuerdo con las restricciones derivadas del confinamiento.

Lo que fue más difícil fue la no salida de los residentes que se quedaron en el albergue, es decir, restringir las salidas a cuestiones elementales como médico y en algunos casos laborales, salían a trabajar, pero sí les pedimos que si era posible renunciaran a sus trabajos ya que aquí les dábamos todo. Obviamente de 30 personas, pues sólo nos quedamos con 17 en ese momento porque el resto no aguantó, la mayoría son jóvenes y no aguantó la restricción entonces empezaron a buscar departamentos, cuartos y se fueron (Directora de ASC2, entrevista, Tijuana, 2021).

La acción de confinamiento fue sólo un paso implementado como estrategia para tratar de evitar casos activos de COVID-19 en la población migrante establecida en estos albergues, sin embargo, no fue el único. En lo que respecta a la implementación de los mecanismos básicos de higiene, todos los albergues visitados, aparte de incrementar la limpieza con cloro en las instalaciones, implementaron el lavado de manos como una práctica obligatoria, así como el uso de gel antibacterial y el uso de cubrebocas al interactuar con otras personas, lo mismo que la toma de temperatura y la medición de oxigenación una vez al día.

Lo que hicimos fue establecer un protocolo según los lineamientos que nos indicaba la Secretaría de Salud y sobre todo apoyándonos en las agencias internacionales como la OIM y ACNUR, entonces, iniciamos el protocolo, primeramente, cerramos el albergue en relación con no aceptar más residentes, la otra fue establecer protocolos de higiene, los que ya conocemos como el gel, el lavado de manos a la entrada, el uso del cubrebocas (Directora AOC1, entrevista, Tijuana, 2021).

A pesar de lo anterior, sí se presentaron algunos casos activos de COVID-19 en los albergues visitados al principio del confinamiento, aunque fueron mínimos. Durante el mes de marzo de 2020, en el albergue AOR1, el cual atiende a familias migrantes, se presentaron cuatro casos activos: dos en personas migrantes y dos en el personal del albergue. En el resto de los albergues, si bien no tuvieron casos activos, en el albergue que atiende a mujeres migrantes y sus familias se reportaron dos posibles casos de COVID-19, mismos que más adelante fueron descartados por ser “negativos”.

Un punto para tomar en consideración es la diferencia en la atención y respuesta de casos activos de COVID-19 versus posibles contagios. En ambos casos, la primera reacción del personal de los albergues fue poner a estas personas en confinamiento para no contagiar a los demás miembros del albergue, sin embargo, el albergue que tenía casos activos de COVID-19, decidió contratar el servicio de un médico privado, el cual atendió a estas personas durante todo el tiempo de su confinamiento, lo anterior, sin informar a las autoridades sanitarias. En el caso del albergue que presentó posibles casos de COVID-19, la reacción fue la opuesta, e informaron a la Secretaría de Salud, la cual después de hacer las pruebas necesarias y al conocerse que las mismas salieron negativas, realizaron trabajo de prevención fumigando las instalaciones del albergue y dando medicina preventiva para evitar el posible brote de contagios.

En ese tiempo tuvimos dos posibles casos de COVID-19 pero la Secretaría de Salud vino, hicieron las pruebas y no salió positivo por la gracia de Dios, la Secretaría de  Salud entonces hizo todo un trabajo preventivo, estuvieron aquí un tiempo grandísimo, casi todos los días aparecía la Secretaría de Salud y cuando aparecieron esos dos casos entonces cerraron herméticamente la institución, hasta nueva orden no podía salir nadie hasta que estuvieran los resultados de las pruebas, gracias a Dios dio negativo y tuvimos un poco más de libertad, volvimos a lo de antes ¿no? Pero quedamos dos días herméticamente cerrados, fumigaron toda la casa, la calle y dieron medicina preventiva a todo el mundo que estaba aquí adentro (Director de AOR2, entrevista, Tijuana, 2021).

Entre mayo y junio de 2020, esto es, a dos meses de iniciada la pandemia e implementada la estrategia de “puertas cerradas”, la mayoría de los albergues de la localidad cesaron el confinamiento permitiendo salir a las personas que se encontraban albergadas. Sin embargo, no fue sino hasta la implementación del “Hotel Filtro” que los albergues empezaron a recibir a nueva población migrante en sus instalaciones. Inaugurado el 26 de junio de 2020 en la ciudad de Tijuana, el “Hotel Filtro” es un espacio temporal implementado por la OIM para brindar alojamiento temporal, digno y seguro a personas migrantes que enfrenten dificultades económicas o que estén en situación de calle como consecuencia de la contingencia sanitaria por la COVID-19. Al principio el hotel tendría una operación de 60 días, pero ante las eventualidades de la pandemia ha seguido en operación ininterrumpida (OIM, 2020).[7]

Cuando una persona migrante se presentaba a alguno de los albergues de la localidad, era canalizada al “Hotel Filtro”, para lo cual, personal de la OIM iba por el migrante hasta el albergue y lo lleva hasta las instalaciones del hotel. Una vez que el migrante cumplía 15 días en confinamiento en el “Hotel filtro” y se detectaba que no presentaba ningún síntoma relacionado con la COVID-19, era enviado al mismo albergue que lo había canalizado y, si esto no era posible, se buscaba otro albergue según el perfil de la persona.

Empezamos a trabajar con el “Hotel Filtro” que es una organización de la OIM donde la gente se va y se pasa en cuarentena por diez, quince días y cuanto tiene su luz verde puede venir aquí, otra vez, con revisión del doctor y entrar (Director AOR1, entrevista, Tijuana, 2021).

Muchas veces esta canalización correspondía a la capacidad de atención del albergue, sin embargo, en otros casos, correspondía a las necesidades particulares de cada población, por ejemplo, si eran personas que viajaban solas o venían en familia o si eran miembros pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ. Con relación a esta última población uno de los entrevistados manifestó:

No llegan muchos aquí pero cuando llegan tratamos de canalizar a Casa Arcoíris,[8] tenemos una relación con ellos, en el pasado sí, hace cuatro o cinco años tuvimos más personas, pero ahorita no porque hace años Casa Arcoíris no estaba funcionando como está funcionando hoy día. No discriminamos, si hay necesidad lo recibimos, si no los recibimos es por los protocolos del COVID (Director de AOR1, entrevista, Tijuana, 2021).

Hasta el día de hoy, esta medida sigue aplicándose para atender a la población migrante que llega por primera vez a algún albergue de la localidad.

Plan operativo de atención a la población migrante ante la COVID-19

Con relación a los protocolos para la atención de la COVID-19 dirigido a la población migrante en México, la Secretaría de Salud emitió a mediados del mes de mayo de 2020 el Plan operativo de atención a la población migrante ante COVID-19 con el objetivo de establecer la coordinación y vinculación efectiva para la atención integral a la salud de la población migrante ante la COVID-19 en los estados con movilidad de población migrante, haciendo énfasis en las zonas fronterizas del norte y sur del país (SS, 2020). Dicho plan contempla la implementación de ocho acciones preventivas en los ámbitos de acción, instalación de centros de aislamiento, así como abasto de insumos para la prevención y protección personal, entre otros temas. Sin embargo, la implementación de este plan operativo de atención a la población migrante ante la COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud, requiere un trabajo conjunto entre los albergues y el gobierno, a pesar de la evidente falta de apoyo de este último, por ello es importante conocer cómo se ha implementado el plan operativo en los albergues de la localidad, tomando en consideración que algunas de las líneas de acción requieren ciertos insumos para su implementación como se analizará a continuación:

  1. Vinculación local y con jurisdicciones sanitarias. La primera línea de este protocolo de operación señala que la autoridad de salud es la responsable de realizar la vinculación con los responsables de los puntos de internación terrestre, casa y refugios de migrantes con la finalidad de organizar y coordinar acciones, así como contar con un mecanismo de comunicación efectiva. Al respecto, al preguntar a las/los directoras/es de los albergues visitados si había algún tipo de vinculación con la Secretaría de Salud de la entidad, manifestaron que no tenían comunicación con dicha institución, señalando que ninguna autoridad de gobierno se había acercado a ellos para conocer cuáles eran sus necesidades en relación con la implementación del protocolo. Sólo está el caso donde se presentó la Secretaría de Salud, a petición del albergue, cuando se identificó un posible caso activo de COVID-19.

Si bien, de manera general, no se ha visto el interés de las autoridades por vincularse con estos albergues con relación al tema de la COVID-19,[9] es importante mencionar que los directivos entrevistados, de los dos albergues pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, expresaron que el gobierno municipal sí los ha apoyado con donaciones en especie y en algunos casos con donativos económicos para, de alguna manera, mitigar esta situación. Sin embargo, dichos apoyos se dan cuando existen fondos para ello, lo que hace que estas donaciones sean esporádicas.

  1. Implementación de acciones preventivas en los ámbitos de acción. Entre estas acciones, se habla de elaborar un censo de población de las personas albergadas y de contar con más espacio en los albergues que brindan atención a la población migrante mediante la reubicación de las personas albergadas en dichos espacios. Lo anterior, a través de la coordinación entre los albergues y las autoridades sanitarias a fin de responder mejor ante algún caso sospechoso o brote de COVID-19. No obstante, la necesidad e importancia de estas acciones preventivas, el poco interés de las autoridades en acercarse a los albergues ha hecho imposible que esta línea de acción sea implementada. Lo que han hecho los albergues para no estar al tope de su capacidad y poder implementar mejor la sana distancia, ha sido la reducción de su capacidad a la mitad para no provocar una situación de hacinamiento. En relación con los filtros y las medidas de higiene, la mayoría de estos albergues han podido implementar estas acciones con ayuda de organizaciones internacionales como la OIM, ACNUR, World Vision, entre otras. Al respecto, la OIM donó a varios albergues de la localidad carpas que sirvieran como lugares de aislamiento para la atención de posibles casos de COVID-19.

La OIM nos puso una casa grande de acampar, nos mandaron camas, nos mandaron colchonetas, nos mandaron toallas, nos mandaron todo los necesario para las personas y medicamento, nos mandaron mucho medicamento para la fiebre y para el dolor. (Director AOC2, entrevista, Tijuana, 2021).

Han sido estas organizaciones, junto con donativos privados, las que han aportado insumos como guantes, cubrebocas, gel antibacterial, termómetros, medicamentos, así como artículos de limpieza para la aplicación de estas acciones preventivas.

  1. Mecanismo de notificación a la autoridad de salud y verificación del evento. Esta línea de acción hace referencia a la necesidad de la notificación correspondiente cuando se presenta algún caso o brote de COVID-19 en la población migrante. En este escenario, quizá por la falta de empatía del gobierno sobre las necesidades de los albergues o atendiendo a la clasificación de atención de pacientes con COVID-19 (Cuadro 1), es que la mayoría de los albergues, ante una eventualidad de este tipo, prefirieron aislar al posible portador de la enfermedad mientras esperaban los resultados de los análisis correspondientes. Como se ha señalado, la mayoría de los albergues no han presentado casos activos de COVID-19, salvo uno de ellos donde la estrategia implementada por parte del albergue fue aislar a la persona enferma de la demás población y atenderla dentro de las instalaciones hasta su recuperación, adicionalmente, este albergue en particular contrató a un médico que asiste tres días a la semana a las instalaciones para atender las necesidades de la población migrante ante otro eventual brote de COVID-19.

Cuadro 1. Atención del paciente con COVID-19

Tipo de paciente Tratamiento
Sano, sin sintomatología respiratoria. No requiere atención médica
Sintomatología respiratoria no compatible. Tratamiento específico
Caso sospechoso con enfermedad respiratoria leve, sin enfermedad crónica agregada o factor de riesgo. Tratamiento sintomático

Aislamiento 14 días
Caso sospechoso con enfermedad respiratoria leve, con enfermedad crónica agregada y factor de riesgo controlado. Tratamiento sintomático

Aislamiento 14 días

Seguimiento
Caso sospechoso con enfermedad respiratoria severa, con enfermedad crónica agregada no controlada o factor de riesgo. Referencia de Segundo nivel atención

Fuente: Plan operativo de atención a la población migrante ante COVID-19, Secretaría de Salud (2020).

  1. Acciones de atención y seguimientos de casos sospechosos, confirmados y contactos. El plan señala que, ante la detección de un caso sospechoso de COVID-19, la persona deberá aislarse por un período de 14 días, tiempo en el cual se verá la factibilidad de que el aislamiento se lleve a cabo en el establecimiento. En este sentido, la forma en la cual los albergues pudieron implementar dicho aislamiento fue —en la mayoría de las ocasiones— utilizando las carpas que la OIM donó para implementar esta medida, y privilegiando la atención dentro del albergue al no presentarse eventos con factor de riesgo alto.
  2. Instalación de centros de aislamiento. A principios del mes de junio de 2020, la municipalidad de Tijuana habilitó dos hoteles abandonados en la zona norte de la ciudad con la finalidad de inaugurar, en colaboración con la Secretaría de Salud y la iniciativa privada, el “Centro de Aislamiento Voluntario para Personas de Grupos Vulnerables con COVID-19”. Si bien, dicho centro fue creado principalmente para atender a personas sin hogar, con problemas de drogadicción y trabajadoras sexuales (De los Reyes, 2020), también han atendido a la población migrante. En el caso de los albergues que ya contaban con población migrante y que los atendieron durante todo el tiempo de confinamiento, la utilización del centro de aislamiento no fue necesaria ya que todos los casos fueron leves y se atendieron en las mismas instalaciones. Es importante señalar que el centro de aislamiento fue habilitado única y exclusivamente por el gobierno municipal.
  3. Hospitales de referencia para atención de COVID-19. Con relación a esta línea de acción, el protocolo señala que, de acuerdo con la ubicación de las casas, albergues y refugios para migrantes, así como los Centros de Aislamiento, los albergues atendiendo a población migrante tenían que contar con la ubicación y el directorio de enlaces para la atención de cualquier requerimiento de salud, especialmente para los casos sospechosos de COVID-19. En el caso de Tijuana en particular, y especialmente para las personas que no podían pagar un servicio médico privado, las recomendaciones dadas por la Secretaría de Salud fueron las siguientes: para la atención de cualquier síntoma relacionado al SARS-CoV-2, si la persona presentaba síntomas agudos o graves, se llamaba a la Secretaría de Salud o a la Cruz Roja para una evaluación del caso y saber si la persona debía de ser atendida en casa o canalizada al Hospital General de Tijuana;[10] para los casos con síntomas leves la recomendación fue asistir a las denominadas “clínicas de fiebre”, las cuales se encuentran en tres puntos de la localidad: Zona Río, Francisco Villa y Mariano Matamoros, estas clínicas sirven como filtro para saber si el paciente se atendía en casa o se le dirigía hacia la atención prioritaria en el Hospital General de Tijuana.

Por lo anterior, y de acuerdo con las entrevistas realizadas, las/los directora/es de estos albergues manifestaron que ninguna de las personas migrantes que se encontraban en sus instalaciones acudieron a las clínicas de fiebre, aunque sí mencionaron que tenían conocimiento de las indicaciones emitidas por la Secretaría de Salud.

  1. Sistemas de información. Respecto a esta línea de acción, la misma obedece a la necesidad de llevar un registro de los eventos positivos de COVID-19 mediante el sistema SIUVE-3 y el registro de monitoreo sospechoso de COVID-19 a través de la plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER). En este contexto, los pocos casos de contagio que se dieron dentro de los albergues, al ser atendidos en las propias instalaciones, no fueron reportados a las autoridades, salvo uno de ellos, el cual sí fue atendido oportunamente por personal de la Secretaría de Salud de la localidad.
  2. Abasto de insumos para la prevención y protección personal. Como última línea de acción, el plan operativo de atención a la población migrante ante la COVID-19 señala, con relación a los lugares de estancia de población migrante, el establecimiento de un esquema de vinculación con cualquier estancia de gobierno (federal, estatal o municipal), asociaciones civiles, religiosas y ONG, para generar apoyos de recursos financieros, humanos y materiales. Con relación a estos insumos, el mismo plan operativo señala:

Entre los que se han definido en las diferentes líneas de acción, se incluye materiales para el registro, medicamentos, protección personal, obtención de muestras y captura de información: tabla, formatos, papelería, estetoscopio, termómetro infrarrojo, baumanómetro, oxímetro de pulso, hisopos de dacrón y nylon, medio de transporte, termo, gradilla y equipo de protección personal (respirado N95, lentes de protección o careta, guantes y bata de polipropileno desechable), medicamentos antipiréticos, analgésicos, equipo de cómputo e impresión, archivo electrónico SIESA, conexión a internet, directorio de instancias colaboradoras, etcétera (SS, 2020).

Hasta ahora, en Tijuana, ni el Gobierno Federal ni Estatal han brindado ayuda a los albergues de la localidad para la atención de la COVID-19, y aunque algunos albergues han recibido apoyo directamente del municipio, de acuerdo con lo señalado por la mayoría de las personas que colaboran en los albergues visitados, la Dirección Municipal de Atención al Migrante jamás se ha puesto en contacto con ellos ni brindado ayuda alguna. Al preguntar sobre el tipo de personas que recibían en los albergues, uno de los directores entrevistado sacó a relucir este tema al manifestar:

Durante el transcurso del año tuvimos personas bajo el programa MPP, gracias a Dios ellos se fueron y ya cruzaron y están en los Estados Unidos y de deportados no aceptamos porque desde el principio los Estados Unidos no tuvo precauciones, los centros de detención eran centro de COVID, entonces, el Gobierno de México tiene un Centro Integrador de Migrantes y suponiendo que acepten los deportados. Y no hubo mucha deportación, recientemente las últimas semanas están aumentando mucho las deportaciones y tienen que hacer algo porque no apoyan a ninguna casa, no nos apoya en nada el Gobierno Federal y Estatal, el Municipal un poquito, pero los demás nada, no les importan los migrantes (Director AOR1, entrevista, Tijuana, 2021).

El testimonio anterior es importante porque es precisamente esta Dirección, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal de Tijuana, la encargada de ejecutar las acciones de política pública y programas municipales en materia de atención a migrantes, así como de realizar las acciones necesarias para procurar y gestionar recursos con el fin de ejecutar o en su caso supervisar los programas y proyectos aprobados (POEBC, 2013). Sin embargo, los directivos de los albergues visitados estuvieron de acuerdo con la falta de apoyo por parte del Gobierno Federal y Estatal.

En este sentido, y ante la nula ayuda de las autoridades Federales y Estatales, la ayuda que han recibido los albergues en Tijuana que brindan atención a la población migrante proviene principalmente de distintas organizaciones internacionales como la OIM, el ACNUR, World Vision, así como de organizaciones civiles con base en Estados Unidos, y de donaciones privadas, los cuales, junto con los albergues para migrantes de la localidad, se han convertido también en actores claves ante la actual crisis generada por la pandemia.

Organizaciones internacionales y sociedad civil: los otros actores

Al principio de la pandemia, la mayoría de los albergues de la localidad que subsistían con donaciones de particulares y distintos tipos de financiamientos privados, principalmente de Estados Unidos, vieron reducidas estas aportaciones debido al miedo de los donadores de cruzar la frontera y contagiarse de COVID-19. En este escenario y bajo esta nueva realidad, las organizaciones internacionales como la OIM, ACNUR, World Vision, UNICEF, Save The Children, entre otras, han abastecido con insumos de distintas índoles a estos albergues para poder seguir operando bajo la contingencia. Por ejemplo, la OIM ha donado carpas a la mayoría de los albergues con la finalidad de que sirvan de espacios para confinar a los casos positivos o sospechosos de COVID-19. Por su parte, el ACNUR, World Vision, UNICEF y Save The Children, han hecho donaciones de artículos básicos como cubrebocas, guantes, gel antibacterial, oxímetros, termómetros, así como de medicamentos para sobrellevar la actual crisis sanitaria, asimismo han apoyado con material de higiene personal y de limpieza.

Por lo anterior, las organizaciones internacionales han sido un motor fundamental para que los albergues de la localidad continúen con su labor de brindar atención a la población migrante que lo solicite, sin embargo, no han sido las únicas en hacer donaciones a estos lugares de refugio. En Tijuana se encuentran distintos colectivos y comités dedicados a la tarea de brindar ayuda a los distintos albergues de atención a la población migrante de la localidad, a los que se suman algunas organizaciones de Estados Unidos. Entre la ayuda que han brindado estos distintos colectivos, comités y organizaciones, se encuentra el abastecimiento de comida.

Hay una fundación que nos está dando alimento todas las tardes a excepción del domingo. Todos los días tenemos el alimento preparado, dentro de las instalaciones, para dar de comer en las tardes a toda esta comunidad que nosotros tenemos. Varía dependiendo de la cantidad de gente que tengamos como nos lleva el alimento. Es una fundación que nos está dando alimento desde hace más de año y medio, ya tiene buen tiempo que nos está dando alimento, no solamente a nosotros sino a varios albergues de la ciudad (Director AOC2, entrevista, Tijuana, 2021).

Lo anterior ha sido de gran ayuda para estos albergues ya que sólo se tienen que preocupar de abastecer a la población migrante que habita en sus instalaciones con el desayuno y la cena, reduciendo con ello su consumo de gas y electricidad. De igual forma, distintas organizaciones han mandado despensas de comida, de hecho, han llegado a tener comida de sobra, la cual comparten con otros albergues.

Tenemos muchos bienhechores, gente que nos quiere mucho, organizaciones que nos han mandado comida, a veces tenemos demasiada comida y compartimos con otros albergues (Director de AOR1, entrevista, Tijuana, 2021).

También, como regularmente se observa en estos casos, la sociedad civil, tanto de Tijuana y San Diego, ayuda con distintos tipos de donaciones, desde apoyo con comida, ropa, productos de higiene personal y limpieza, hasta donaciones en efectivo o depósitos en cuentas bancarias administradas por cada uno de los albergues. Todo lo anterior ha sido fundamental para que los albergues que brindan ayuda a las personas migrantes subsistan ante la escasa respuesta de las autoridades desde que empezó la pandemia por COVID-19.

Consideraciones finales

A finales de 2019 se empieza a vislumbrar lo que pronto se convertiría en una pandemia. El virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de la COVID-19 replantaría tomar nuevas medidas en todos los sectores para preservar la salud de la población a nivel mundial. Uno de los grupos de población que se ha visto más afectado es el de las personas migrantes en contexto de movilidad. En el caso de México, esta situación se vio con más claridad a lo largo de la frontera norte del país en donde las personas migrantes, vulnerables per se, vieron incrementada esta vulnerabilidad, no sólo al quedar expuestas como blancos fáciles del crimen organizado y bandas delictivas, sino también por la sociedad civil al ser estigmatizadas como portadoras del virus SARS-CoV-2, sobre todo las personas deportadas de Estados Unidos, las cuales, en algunos casos, llegaron a recibir amenazas violentas (UNICEF, 2021). En este escenario tan incierto para la población migrante y donde las autoridades de los tres niveles de gobierno fueron incapaces de cumplir de una manera eficiente con la atención a este grupo poblacional, los albergues de atención a personas migrantes suplieron ese papel a la medida de sus posibilidades. En el caso de la ciudad de Tijuana, lo anterior no fue la excepción.

Inicialmente, hubo expectación con relación a la subsistencia de los albergues de atención al migrante en la localidad, en primera instancia tuvieron que cerrar las puertas a nuevos migrantes que llegaban solicitando servicios de estadía y alimentación, después se vieron en la necesidad de reducir su población a la mitad para poder implementar el programa de “sana distancia”, finalmente, empezaron a ver cómo los patrocinios que recibían se fueron reduciendo por temor a que las personas que los llevaban fueran a contagiarse de la COVID-19. Ante la incertidumbre sobre el funcionamiento de estos albergues y ante la escasez de donaciones y patrocinios al principio de la pandemia, se sumó la necesidad de implementación del Plan operativo de atención a la población migrante ante COVID-19, el cual fue una medida decretada por la Secretaría de Salud con la finalidad de salvaguardar tanto la salud de los migrantes, como del personal que labora en los mismos. Lo anterior, les obligó a tomar una serie de medidas y contar con ciertos insumos.

En este escenario de precariedad el apoyo brindado por distintas organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y donaciones de insumos por parte de particulares como: cubrebocas, guantes, gel antibacterial, medicamentos y productos de limpieza, entre otros, es lo que ha sacado a flote a estos albergues y ha permitido la implementación del Plan operativo de atención a la población migrante ante COVID-19 de una manera eficiente, permitiendo que continúen con su labor de brindar la atención necesaria, cumpliendo con todos los protocolos de salud en sus instalaciones.

Lo anterior no ha sido fácil, ha implicado crear nuevas dinámicas de interacción con la población migrante albergada dentro de estos espacios de atención ya que las dinámicas sociales, por el momento, han quedado suspendidas. Esto podría no ser tan preocupante para la población adulta, pero hay que tener en cuenta que muchos de estos espacios albergan niñas y niños que necesitan un sano esparcimiento para su desarrollo y continuar con su educación, bajo este contexto, algunos albergues han implementado clases por Zoom para que estas niñas y niños no vean interrumpido su derecho a la educación. De igual forma, ha implicado cambios en sus dinámicas habituales con la finalidad de continuar, a medida de sus posibilidades y atendiendo a la “nueva normalidad”, con la implementación de los protocolos de salud para evitar la propagación del virus y el cumplimiento del plan operativo de atención a la población migrante emitido por las autoridades sanitarias. Lo anterior, a pesar de la falta de apoyo y la nula respuesta de las autoridades a nivel estatal y federal. Quizás esta falta de apoyo se deba a las nuevas políticas del Gobierno y a los recortes presupuestales que han afectado a distintos programas —el caso de las Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras es un claro ejemplo de ello— en donde, aduciendo a una política de “austeridad” cesaron los recursos para organizaciones o asociaciones de la sociedad civil, así como a fundaciones, con el fin de que no haya intermediarios que manejen los recursos públicos (López, 2019). Sin embargo, no se ve reflejado en los apoyos brindados a la población migrante de la localidad.

Si bien la ciudad de Tijuana cuenta en total con 31 albergues o espacios de atención a la población migrante, sólo 17 de ellos están registrados ante las autoridades municipales. Lo anterior cobra relevancia pues la mayoría de los apoyos gubernamentales o de organizaciones internacionales se destinan a albergues debidamente constituidos y registrados ante dichas autoridades, situación que deja en desprotección a los albergues que no están debidamente constituidos. Si bien todos los albergues a los que se acudió son albergues legalmente constituidos y, por ende, con acceso a apoyos gubernamentales y de asociaciones internacionales, no debemos de perder de vista que existen otros albergues que no están en esa condición, algunos fueron improvisados para ayudar al creciente número de migrantes que llegaban a la localidad, los cuales se mantienen básicamente de donaciones de particulares y con escaso o nulo apoyo de los tres niveles de gobierno.

Debemos de recordar que, ante una emergencia sanitaria, la preparación y respuestas gubernamentales son fundamentales ya que pueden reparar o exacerbar las vulnerabilidades e inequidades existentes (Riggirozzi et al., 2020). Ante esta situación en donde está en juego la salud de las personas, las autoridades de los tres niveles de gobierno deberían de apoyar a todas las instituciones de asistencia por igual, sin distinción de su constitución o registro. Sin embargo, parece que quisieran ver fracasar a dichas instituciones, reduciendo con ello los apoyos que recibe la población migrante, apoyos que son responsabilidad del gobierno pues —bajo lo establecido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano forma parte— éste tiene la obligación de proteger, garantizar y promover estos derechos a toda persona bajo su jurisdicción, sin distinción alguna, lo que incluye a las personas migrantes.

En síntesis, aunque los albergues suplen muchas veces el papel de los gobiernos de dar la atención básica a las personas migrantes, han encontrado en las organizaciones internacionales y en las organizaciones de la sociedad civil un aliado en estos tiempos de crisis.

Referencias bibliográficas

[1] El 29 de enero de 2019, se implementó en San Diego, California, el programa MPP, el cual se extendió rápidamente a través de la frontera. Para octubre de 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) había enviado 68,430 solicitantes de asilo a siete ciudades fronterizas mexicanas: Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros. Estos solicitantes de asilo incluían familias y adultos solteros, y eran de países como Honduras, Guatemala, Cuba, El Salvador, Ecuador y Venezuela (Leutert y Arvey, 2020).

[2] Acorde al Título 42, Sección 265 del Código de los Estados Unidos, el gobierno tiene la facultad de suspender la entrada a personas con la finalidad de prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. Véase: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/265.

[3] Por razones de confidencialidad, se han omitido los nombres de los directores de los albergues entrevistados, así como los nombres de las organizaciones que dirigen. Para ellos, todo nuestro agradecimiento.

[4] La palabra “evento” toma representatividad en el sentido de que, no se contabiliza a las personas propiamente, sino a los eventos de detención y/o deportaciones realizadas en la localidad. Lo que indica que una misma persona puede haber presentado varios “eventos” de deportación.

[5] Este aumento de espacios específicamente diseñados para la atención de personas migrantes puede tener una explicación lógica derivado del arribo de las Caravanas de Migrantes a esta localidad en el año 2018, a lo que se sumaría la estadía de personas bajo el programa MPP en el año 2019 y al cierre de fronteras e implementación del llamado “Título 42” en el año 2020.

[6] Inaugurado en diciembre de 2019 con apoyo del gobierno federal, estatal y municipal, así como por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Para el mes de febrero del año 2020 el mismo solo alojaba cerca de 100 personas, todas ellas del programa MPP (Coubès et al., 2020).

[7] El primero modelo de “Hotel Filtro” de la OIM abrió sus puertas el 9 de mayo en Cd. Juárez, Chihuahua, posteriormente y replicando el mismo modelo, se abre el “Hotel Filtro” en la ciudad de Tijuana, Baja California.

[8] Casa Arcoíris es de los pocos albergues en la ciudad de Tijuana atendiendo exclusivamente a migrantes de la comunidad LGBTTIQ, lo anterior, bajo un enfoque integral.

[9] Al respecto Del Monte y McKee (2020) señalan que, bajo el argumento de estar canalizando a deportados al Centro Integrador del Migrante “Carmen Serdán”, el gobierno federal no ha apoyado a los albergues que están conteniendo la emergencia migrante ante el COVID-19. No obstante, la información con relación a cuántos deportados ha atendido este Centro Integrador es inaccesible.

[10] El Hospital General de Tijuana es una institución de salud pública dedicada al servicio médico de la comunidad en general. Desde inicio de la pandemia, ha sido el único hospital público habilitado para atender cualquier caso de COVID-19 en la ciudad.

 

  1. Mexicana. Doctora en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios Regionales por El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF), México. Actualmente es profesora-investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México. Sus principales líneas de investigación son: derechos humanos, migración internacional y políticas públicas con énfasis en niñez migrante no acompañada. Contacto: luceroc@uabc.edu.mx.