Primera época, número 9, enero-junio 2020, pp. 7-13.
Actualmente, nos encontramos en una etapa trascendental de la historia, en la que se están alcanzando niveles máximos de desplazamientos forzosos, a causa de los efectos destructivos de los conflictos armados, de los desastres naturales o del cambio climático. Además, la profundización de las desigualdades económicas debidas a la racionalidad neoliberal, ha dado lugar a que un gran número de personas haya abandonado sus países de origen, ya sea de manera voluntaria o forzosa, debiendo adoptar provisional o permanentemente, el estatus de extranjero (Todorov, 2008). Según Naciones Unidas, se estima que en el mundo hay aproximadamente 272 millones de migrantes internacionales, esto es, 51 millones de personas más que en el año 2010 (Nero, 2019). Asimismo, conforme indica el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde que en 2008 fueran registradas en torno a 42 millones de personas desplazadas y refugiadas, estas cifras han ascendido hasta alcanzar en 2015 los 65.3 millones de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos. En 2018 ya sumaban 68.5 millones y en 2019 llegaron a los 70.8 millones.
No obstante, la respuesta de los Gobiernos, tanto en el ámbito estadounidense como en el europeo, ha sido el recrudecimiento de las políticas migratorias para reducir el número de entradas irregulares. Pero estas circunstancias también se están dando en países tradicionalmente emisores de migrantes, los cuales se han convertido en lugares de tránsito y destino, como México y Marruecos, anunciando la exacerbación del control fronterizo. Por consiguiente, en un mundo globalizado e interdependiente, el paradigma de la seguridad nacional cada vez ocupa una mayor dimensión en el discurso político a escala global. Muestra de ello es que se han aunado esfuerzos para la creación de perímetros de seguridad que hagan frente a las amenazas provenientes de la delincuencia transnacional y el terrorismo internacional, articulando estructuras de coordinación entre países con el fin de ejercer un control más amplio de las fronteras, cuyo fin es contener los flujos migratorios de personas “no deseadas”. Es decir, la retórica del miedo de los líderes políticos y la doctrina de la seguridad nacional que equiparan la figura del migrante irregular y del refugiado con el enemigo, con el delincuente o con el terrorista, se han materializado en políticas migratorias “securitizadas” que han legitimado la creación y el levantamiento de más barreras físicas, legales y burocráticas (Bauman, 2011; Brown, 2015; Sassen, 2015). Por ende, la migración está dejando de ser vista como un factor de desarrollo, lo cual ha acabado también afectando de alguna manera a los programas que fomentan las migraciones laborales.
Dentro de este escenario de excepcionalidad permanente, los poderes públicos pretenden demostrar ante la población que la defiende frente a los peligros que traspasan las fronteras, alimentando así el crecimiento de movimientos políticos ultranacionalistas de corte racista y xenófobo. Con esta finalidad, se han desplegado todo tipo de dispositivos fronterizos de tecnología militar, o se han implementado operativos de vigilancia que se extienden extraterritorialmente, adquiriendo carácter secundario su capacidad para frenar las rutas migratorias (Rodier, 2013). Consecuentemente, lejos de frenar los desplazamientos humanos, se produce el bloqueo de las personas migrantes y refugiadas, que se ven obligadas a cambiar sus estrategias tomando rutas cada vez más peligrosas, aumentando su vulnerabilidad y riesgo de muerte.
Lógicamente, este escenario bélico contra la migración irregular, requiere ser sustentado a través de un enrevesado entramado normativo, que legitima y normaliza toda clase de prácticas represivas excepcionales, y amplía las funciones de vigilancia policial en el interior de los países (Campesi, 2011, 2012). Por este motivo, las barreras legales y administrativas limitan el acceso a una ciudadanía plena de aquéllos que han logrado asentarse dentro de los territorios de destino, contribuyendo a que se forme una identidad colectiva cada vez más cerrada y vigilada, de manera que la práctica habitual de los Estados será la expulsión de las personas no autorizadas fuera de sus límites, frente a la implementación de medidas que les reconozca como sociedades de acogida (Bauman, 2011; Sassen, 2015). Es decir, estas personas son tratadas como un problema social que ha de ser resuelto por la vía represiva para aplacar los miedos de la población autóctona, y son llevados a una situación liminal en la que son incluidos en el ordenamiento jurídico mediante su exclusión (Biswas y Nair, 2009). El resultado es que acaban siendo fácilmente convertidos en nuda vida y sin derechos (Agamben, 2006), una situación a la que se opondrán constituyéndose como movimientos de lucha y de resistencia organizada.
A continuación, podrá encontrar la lectora o el lector de este número 09 de la Revista “Diarios del Terruño”, una serie de artículos con más información sobre estos temas que han sido expuestos de manera sucinta.
La primera sección de la Revista, que lleva por título Migración y xenofobia, abre con el artículo de corte histórico “Discusiones en torno a la locura de los inmigrantes extranjeros en California, 1855-1892”, de Viviana Mejía Cañedo y Leonora Arteaga Del Toro. A través del mismo, sus autoras aportan algunos elementos novedosos sobre una conocida etapa de la migración hacia Estados Unidos, cuyo crecimiento demográfico estuvo marcado durante mediados y finales del siglo XIX por el fenómeno social de la “Fiebre del Oro” (Gold Rush) de California. Así pues, las autoras utilizan este telón de fondo para explicar las distintas perspectivas desde las que fueron abordadas las enfermedades mentales de las personas migrantes por parte de las autoridades psiquiátricas en el marco de los manicomios y sanatorios estadounidenses, que sirvieron también para conformar un perfil de extranjeros que podían ser sometidos a procesos de deportación, como forma de resolver los problemas que aquejaban al país. Con este fin, dividen en varios periodos los principales enfoques de una disciplina científica que se encontraba en evolución. Según estas investigadoras, en una primera etapa abanderada por el Dr. Reid (1853), se priorizó el tratamiento moral de las enfermedades mentales, justificando la alta presencia de migrantes en los manicomios, debido al estrés o excitación que vivían en su proceso de adaptación e integración en las sociedades de acogida y al cambio de habitus, si bien no consideraba que el origen nacional fuera un factor causante de la enfermedad mental, a diferencia de lo que hizo el Dr. Bernis (1854-1855). Con posterioridad, el Dr. Shurtleff relacionó la alta prevalencia de enfermedades mentales con la llegada masiva de migrantes y con la ausencia de capital social en un entorno de depravación. Tal idea sería reafirmada en 1875 por el Dr. Wilkins, quien llegó también a proponer una menor presencia de extranjeros para poner freno a este tipo de patologías en el país. Cinco años más tarde, el Dr. Brown afirmaría que el desarraigo era un desencadenante importante en los procesos de locura, un aspecto que se daba según él en mayor medida entre el grupo de los ciudadanos chinos, lo cual otorgó más argumentos para aquellos políticos que promovieron la implementación de leyes migratorias que restringieron la entrada de migrantes de procedencia asiática. Finalmente, dicho planteamiento racista sería retomado durante la última década del siglo XIX por el Dr. Rucker, por lo que las autoras de este artículo concluyen que se trataban de usos retóricos sobre los que existía un trasfondo de índole económico, ideológico y étnico, cuyo fin era garantizar la hegemonía blanca dentro del territorio estadounidense, mediante el cual se puso también en el punto de mira a la población trabajadora de origen mexicano.
Esta sección concluye con el artículo “Caracterizando los comentarios de internautas en noticias sobre migración en ciberprensa mexicana” de Eduardo Torre Cantalapiedra. A través del mismo, se examina un fenómeno global y de plena actualidad, que es el empleo de las redes sociales en la elaboración y propagación de discursos antiinmigrantes en los medios de comunicación, que señalan la presencia de extranjeros como un problema o como una amenaza. El autor, parte del estudio de caso realizado sobre los comentarios vertidos durante el periodo de tiempo 2016-2018 por parte de los internautas y lectores del diario digital mexicano “El Universal”, en relación a la inmigración y transmigración que se produce hacia y dentro del territorio mexicano, en un momento en el que hubo un incremento atípico en el número de entradas de migrantes y refugiados haitianos. Bajo ese contexto, trata de determinar la naturaleza discursiva de los comentarios electrónicos, mediante instrumentos como el análisis de contenido, la observación en un entorno virtual y la revisión documental. Según subraya este investigador, estos actos pueden ser considerados una nueva forma de comunicación social, que favorecen un mayor dinamismo y participación de la audiencia, aunque con una mayor complejidad en cuanto a las repercusiones de su contenido, por el efecto multiplicador que tienen las herramientas virtuales en otros espacios gracias a páginas como Facebook, los cuales trascienden los ofrecidos por el propio periódico digital. Asimismo, elabora un marco analítico de los Discursos Mediados por Computadora (DMC) a partir de la propuesta teórica de Herring (2007), que los clasifica en dos grandes categorías, esto es, factores del medio (centrados en los aspectos tecnológicos) y de la situación (que sirven para contextualizar la comunicación). En términos generales, destaca que, los comentarios examinados, son en un su mayor parte asincrónicos y guardan una estructura determinada por la configuración de estas webs. Asimismo, resalta la dificultad de moderar los debates para evitar que se emitan comentarios de tintes racistas y xenófobos o el intercambio de exabruptos entre los usuarios. Finalmente, en este estudio se considera la posibilidad de que existan grupos organizados detrás de estas acciones para propagar sus mensajes de odio contra las personas extranjeras.
En la segunda sección, Procesos de integración, nos encontramos el artículo “Los actos de ciudadanía analizados desde los Estudios Críticos de la Ciudadanía: el caso DREAMer-Undocumented” de Carolina Aguilar Román, quien aborda de manera muy sugerente las dimensiones que ha adoptado el movimiento social estudiantil DREAMer-Undocumented en sus distintas fases, esto es, a partir del momento en el que éste se conformó como una plataforma de jóvenes migrantes indocumentados que batallaban por el acceso a la educación superior, hasta que evolucionó ampliando su campo de acción mediante la lucha por los derechos de todas las personas migrantes que se hallan en situación irregular en el territorio de los Estados Unidos de América. Así pues, con este planteamiento, la autora muestra las divergentes corrientes de pensamiento que han surgido dentro de los Estudios Críticos de la Ciudadanía (ECC) en torno a la idea de ciudadanía, un concepto de naturaleza cambiante que mantiene una relación compleja con el de la migración, más si se tiene en cuenta los desafíos que plantea la movilidad humana frente a la soberanía de los Estados nación. Así pues, en este texto se señala cómo la distinción entre ciudadano y extranjero promueve la categorización de las personas migrantes irregulares, refugiadas —y deportadas— en sujetos “no deseables”, siendo excluidos de la vida política, mediante su inclusión en el ordenamiento jurídico, de tal suerte que una vez llevados al campo de la “ilegalidad”, pueden ser despojados de sus derechos fundamentales más básicos, situación a la que ofrecerán resistencia las organizaciones migrantes. Asimismo, con el ánimo de sintetizar los enfoques teóricos surgidos en torno al concepto de ciudadanía, la autora establece una tipología cuya clasificación se basa en el modelo weberiano (ciudadanía multicultural, global y postnacional); en el arendtiano (liberal, universal, nominal, republicana y social); y finalmente, en el de raíz foucaultiana (cosmopolita y diferencial). Por último, trata de demostrar que las acciones de protesta llevadas a cabo por este movimiento de base migrante, si bien inicialmente no constituyeron actos de ciudadanía stricto sensu conforme a la totalidad de los requisitos exigidos en los modelos propuestos, lo han logrado en una fase posterior (que ella denomina “de ruptura”), gracias a la labor transformadora de sus acciones continuadas de participación cívica, que les ha consolidado como sujetos activos en la promoción de sus derechos humanos.
Seguidamente, esta sección cierra con el artículo “Hacia una comprensión de los procesos migratorios de mujeres colombianas que viven en Chile” de Gustavo Macaya-Aguirre y Catalina Concha de la Carrera. Ambos investigadores proponen con este interesante texto, analizar desde una perspectiva transnacional y de género las migraciones de mujeres colombianas que se han producido hacia Chile (especialmente afrodescendientes), a consecuencia de la agudización del conflicto armado interno que se vive en Colombia desde hace varias décadas. Así pues, muestran cómo Chile ha arraigado su posición de país receptor de migración, debido a su estabilidad político-social y al auge económico que ha experimentado en relación con otros países del continente latinoamericano. Asimismo, señalan que la feminización del flujo migratorio colombiano, hace necesario adoptar un enfoque interseccional que permita comprender de una manera global las desigualdades y los procesos de violencia que atraviesan estas personas en su condición de mujeres migrantes, racializadas y víctimas del conflicto armado, tanto en origen como en destino. Con este objetivo, en primer lugar, contextualizan la problemática de Colombia, en la que la persecución, los conflictos o la violencia generalizada, la han llevado a convertirse en uno de los países con mayor número de personas desplazadas internas a nivel mundial y de desplazadas forzadas. De igual modo, se centran en el sistema de asilo en Chile, el cual presenta unas tasas muy bajas de reconocimiento de este derecho, por lo que aquellas personas que son susceptibles de protección internacional, se ven abocadas a desistir de sus solicitudes. Consecuentemente, optan por entrar en territorio chileno con permisos de residencia y visados para ejercer una actividad laboral, diluyendo así las categorías del refugiado y del migrante vinculado a las necesidades del mercado de trabajo. En segundo lugar, realizan una breve revisión de la producción académica existente en este campo durante el periodo 2005-2018, mediante la cual constatan que, desde el punto de vista cuantitativo, estos estudios que beben de un nacionalismo metodológico, dejan de lado aspectos referidos a las dinámicas transnacionalizadoras de las migraciones, que no sólo producen un impacto en destino, sino también en origen, obviando las estrategias y relaciones que se tejen en ellas. Mientras que, desde el punto de vista cualitativo, estos trabajos no profundizan lo suficiente en el nexo causal migración-conflicto armado. Finalmente, se enfocan en la necesidad de ampliar los marcos conceptuales y metodológicos que se han venido empleando, para ahondar en la dimensión dual del migrante-víctima, que están presentes en las desigualdades de clase, raza y género.
En la tercera sección de este número, Migraciones laborales, encontraremos el artículo “Migraciones del trabajo y trayectorias laborales en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en México, y en la Región Administrativa de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil”, de Fredi dos Santos Bento, Francisco Luciano Concheiro Bórquez y Antonio Thomaz Junior. Estos tres investigadores realizan un estudio con intención comparativa sobre los aspectos en común y divergencias que presentan las migraciones temporales vinculadas al mercado del trabajo agroindustrial en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero con respecto al modelo brasileño desarrollado en torno al agrohidronegocio cañero dentro de la Región Administrativa de Presidente Prudente (São Paulo), centrándose especialmente en aspectos tales como las condiciones de trabajo, trayectorias laborales y de vida. A través del mismo, se expone la situación de vulnerabilidad que enfrentan en origen y en destino los jornaleros agrícolas migrantes, en su mayor parte de origen indígena y campesinos que se emplean como temporeros para sobrevivir a la pobreza. Asimismo, la migración forzada de las personas, es motivada por las condiciones sociales, económicas y políticas que hacen que se asuma de manera natural esta estrategia de supervivencia, donde las redes migratorias también juegan un papel determinante. Así pues, entre los elementos analizados dentro de este sistema neoliberal de explotación de recursos, resaltan en México la inobservancia de los derechos de los trabajadores que lleva a su precarización mediante bajos salarios, largas jornadas, condiciones de marginalidad, y el tratamiento de estas personas como si fueran mercancías sobre las que los empresarios del sector pueden impunemente ejercer un control social. Igualmente, son expuestos a agentes altamente tóxicos, no se les proporciona medios de trabajo y se dan casos de trabajo infantil. Unos aspectos que pueden observarse en Brasil, destacando también la insalubridad de los puestos de trabajo y de las viviendas, o la práctica de contratos fraudulentos. Finalmente, este texto centra su atención en las distintas situaciones laborales y tipos de jornada que desarrollan los temporeros en las localidades mexicanas que son objeto de estudio, examinando otras particularidades, como la puesta en marcha de programas de mejora de condiciones de la contratación en el caso de Oaxaca, la plasticidad del trabajo en Chiapas, o la extrema marginalidad que enfrentan en Guerrero.
En la siguiente sección de la revista se incluye una Nota crítica de Carmen Lila Cervantes Bello, que se enfoca en la actual retórica securitaria que domina el discurso político a escala global. Bajo el título “Del racismo al culturismo: muros contra la libre circulación de personas”, trata el renacimiento de movimientos nacionalistas y el crecimiento de la extrema derecha xenófoba, especialmente visible en el ámbito estadounidense y europeo, que promueven la política del amurallamiento, además de los prejuicios contra las personas migrantes y refugiadas. Asimismo, explora otros términos, como el del “culturismo”, la “otredad” o el “asimilacionismo”, que permiten comprender la construcción de argumentos racistas que presentan a estas personas como una amenaza para la integridad cultural de la sociedad, justificando el endurecimiento de las medidas de control migratorio.
Finalmente, Eugenia Argañaraz nos comparte la Entrevista realizada a la escritora argentina Natalia Crespo, “Jotón, la novela de los círculos abiertos”. Mediante la misma, se acerca al universo literario de “Jotón”, una obra con tintes autobiográficos que es empleada por la escritora para describir, bajo la mirada de un personaje femenino, la experiencia migratoria de las argentinas/os que debieron abandonar de manera forzada su país a consecuencia de la quiebra económica de 2001. Del mismo modo, podremos conocer también algunos momentos vitales que ha atravesado la autora a lo largo de su infancia y juventud en Argentina, y durante su etapa de estudiante como expatriada en Estados Unidos. A través de ésta conoceremos su punto de vista sobre los procesos de adaptación de los extranjeros en los países de destino, resaltando las dificultades que existen cuando las personas han de comunicarse en otra lengua que no es la suya, y cómo la pérdida de vínculos hace que queden expuestas a situaciones que les desestabiliza emocionalmente.
Sin más dilación, les invito a pasar esta página para adentrarse en las diversas realidades migratorias que nos acercan las/los autoras/es de los artículos de este nuevo número, y que pueden servirnos para reflexionar acerca del impacto que producen las políticas de control migratorio sobre las vidas de las personas, así como las estrategias que se ven obligadas a adoptar ante la ausencia de marcos protectores de los derechos de personas susceptibles de protección internacional y de aquéllas que migran por motivos económicos o laborales.
María Isolda Perelló Carrascosa
Grupo de Investigación en Migración y Desarrollo (InMIDE)
Universidad de Valencia, España.
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